Sostener el Estado ya cuesta más de 200.000 millones

Solo para pagar las nóminas de los empleados públicos, este año España se gastará alrededor de 100.000 millones de euros. La cifra no solo incluye funcionarios, sino también la larga lista de cargos políticos y asesores , interinos y contratados en el extenso entramado de empresas y organismos públicos. El grueso de todo ese gasto en sueldos corresponde a las autonomías —unos 60.000 millones de euros—, que ya suman casi dos millones de trabajadores en nómina y cuyas plantillas han seguido creciendo en estos años de crisis económica, mientras la Administración del Estado ha reducido la suya.

Y esto es solo una parte de lo que cuesta sostener toda la estructura del sector público español, la maquinaria de la administración central, las autonómicas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y los consejos o cabildos insulares. Y en Aragón, además, sus 32 gobiernos comarcales.

35.000 millones

A los costes de personal hay que sumar lo que en los presupuestos de las administraciones se denomina «gasto corriente». Son los gastos ordinarios de funcionamiento, como luz, combustible para sus instalaciones, suministros... Sumará este año no menos de 35.000 millones de euros, según los presupuestos consolidados de las comunidades autónomas y del Estado para 2012 analizados por ABC . Y a lo anterior hay que añadir otro gasto fijo: el coste de la deuda, lo que el sector público tiene que dedicar a pagar amortizaciones e intereses por los préstamos y los títulos de deuda pública con los que se ha ido cargando para cuadrar sus cuentas.

En total, entre estos tres conceptos —personal, gasto corriente y coste de la deuda—, el conjunto del sector público español tendrá que gastarse este año, por tanto, más de 200.000 millones de euros. Y el grueso de esta cantidad se concentra en las autonomías, cuyos gastos de estructura son muy superiores a los del Estado.

De hecho, la progresiva escalada del gasto público de las comunidades autónomas ha sido superior a lo que se ha ido reduciendo en la Administración del Estado. Es el desajuste económico que ha quedado conforme se ha ido completando el traspaso de competencias y la consolidación del Estado autonómico.

El 60%, gasto estructural

En estos momentos, los gastos de estructura de las autonomías ya suponen, de media, casi el 60 por ciento de todo el presupuesto que manejan. Es decir, desde el 1 de enero de cada año, ya tienen hipotecados seis de cada diez euros para pagar nóminas, gastos de funcionamiento y coste de su deuda acumulada . Y como los gastos superan a los ingresos, han tenido que ir recurriendo cada vez a más endeudamiento. Este año, a falta de la cifra exacta que marquen los presupuestos que presenten Castilla-La Mancha y Castilla y León, las autonomías gastarán más de 100.000 millones de euros en personal, gasto corriente y pagos por su abultada deuda financiera.

60.000 millones

Solo en personal ya se les va la tercera parte de todo su presupuesto. A algunas, bastante más. Cataluña es proporcionalmente la que tiene menor gasto de personal, un 26 por ciento de su presupuesto. Eso sí, también es, con mucho, la que acumula un mayor endeudamiento.

La que más tiene que dedicar a pagar nóminas es la región de Murcia: el 42 por ciento de su presupuesto para este año entre empleados de su Administración, de organismos autónomos y de empresas públicas —la suma de estas tres partes es el presupuesto consolidado—. De los 2.146 millones de euros que gastará en personal, 1.021 corresponden a sueldos de empresas públicas. Otras comunidades tienen gastos de personal que se aproximan a la cifra del 40 por ciento de su presupuesto total. Es el caso de Extremadura, Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana.

Aunque se han ajustado algunas partidas de los presupuestos autonómicos para este año, la realidad es que los gastos de personal, si bajan, lo hacen mucho menos que sus presupuestos totales. De hecho, hay comunidades que este año no han recortado su presupuesto y que incluso gastarán más que el año pasado. Los ajustes se han cebado con otras partidas más «flexibles», como las inversiones, que llevan años desplomándose en las cuentas del sector público español. Y este año vuelven a caer