A callar

Todo el mundo sabe que doña Esperanza lleva razón, que el café para todos quiso integrar las aspiraciones de autogobierno catalanas y vascas en una nueva estructura de poder territorial basada en la descentralización política. Ello implicaba organizar múltiples poderes ejecutivos y legislativos territoriales que conformaban —también— el Estado, relacionándolos con el gobierno central y con las Cortes por un criterio competencial, no jerárquico. Con alguna excepción, como el cumplimiento forzoso de obligaciones (que equivale a una suspensión de la autonomía) del artículo 155 de la Constitución, del que nadie quiere oír hablar.

Salvo en tres comunidades, que con Andalucía pronto fueron cuatro, no existía una demanda real de descentralización política; con la descentralización administrativa hubiera bastado. Luego vino la sistemática asunción, por parte de las comunidades llamadas «históricas», de competencias supuestamente «exclusivas» del Estado. La propia Constitución lo permitía. Y luego una carrera por no ser menos, movida por el impulso de castas políticas locales de nuevo cuño. Y entonces llegó la crisis.

La crisis trajo la caída de la recaudación y el consiguiente desbordamiento, aplacado de momento con déficits financiados por deudas que adoptan la forma de pelota (o de pirámide). Demasiados gastos se habían convertido en estructurales. Y ahí es cuando todo el mundo pensó en lo evidente, doña Esperanza lo formuló y el comandante mandó a callar.