«No nos gusta aprobar una amnistía fiscal, pero la alternativa era subir el IVA»

—Cuando en 2010 se dijo que el PSOE pensaba en adoptarla el PP habló de ocurrencia, de barbaridad impresentable, injusta y antisocial. ¿Por qué la aprueban ahora? ¿No había alternativa?

—Lo que no había era otra alternativa sin consecuencias económicas. Bueno, sí había una: subir el IVA, que es una figura recaudatoria potente pero de consecuencias malas porque sacrifica el consumo. Ahora hay que adoptar medidas eficaces. Y esta es una medida excepcional para una situación excepcional. El nivel de economía sumergida es importante y tenemos que hacer que ese dinero venga al circuito económico legal. Pero no es una regularización gratis. Se va a hacer con un tipo del 10%, lo suficientemente atractivo para se produzca esa regularización, que se hará de una sola vez y en un periodo corto. Y que va acompañada de un endurecimiento de las sanciones dentro del plan de lucha contra el fraude.

—¿Y no temen que pueda generar cierto descontento social?

—Hay que afrontar la realidad. Y esa realidad es que la economía española decrecerá al 1,7% este año. Claro que no nos gusta esta medida, pero hay un dinero que no está en el circuito legal y hay que traerlo. Son medidas extraordinarias que toman los gobiernos para reconducir estas situaciones. Hemos tomado medidas equilibradas, proporcionadas y justas.

—Son las empresas las que cargarán con la mayor parte de la subida fiscal al quitarles deducciones en el impuesto de Sociedades, ¿no?

—Es que los demás ya la cargamos antes... Ya se había actuado en el IRPF, que está suponiendo una carga fiscal importante para los contribuyentes.

— ¿Pero no se corre el riesgo de desincentivar esa internacionalización o la reinversión de beneficios?

—Lo que no se puede consentir es que la recaudación de ese impuesto baje, como ha pasado, de 44.000 millones a solo 16.000. Somos favorables a la internacionalización de las empresas pero no a cualquier precio. Y menos a costa de descapitalizar la base imponible española. No nos sirve de nada tener un gravamen del 30% si al final solo se paga el 3%, como es el caso de alguna empresa.

—El Estado debe reducir el déficit este año en 17.000 millones, pero el ajuste anunciado es de 27.000. ¿Y esos 10.000 millones de más?

—Es que además del reducir el déficit hay que pagar obligaciones pendientes de años anteriores. Cosas que nos han dejado, que no estaban presupuestadas y que suponen unos 3.000 millones. Este Gobierno paga lo que debe. Y hay que atender además gastos obligatorios como los intereses de la deuda, la aportación a la Unión Europea o la financiación territorial.

—¿Van a ser las infraestructuras y otras inversiones las paganas?

—No, no se va a dejar de invertir, pero este país tiene que cambiar la cultura de la subvención. Se puede apoyar la inversión con préstamos directos a la inversión y no con subvenciones a fondo perdido. Olvídense de la cultura del todo gratis. Eso sí, no va a haber ningún proyecto atractivo que se quede sin la financiación adecuada. Pero no habrá subvenciones cuya efectividad final nadie mida.

—¿En qué otras partidas de los Presupuestos se va a actuar?

—Tenemos que hacer lo que hace una familia. Primero atender los gastos fijos y luego decidir sobre gastos adicionales. Por ejemplo, hasta ahora la tasa de reposición de los funcionarios era del 100%; ahora se han dejado de cubrir sus bajas y solo se sustituye el 10% en sectores básicos y prioritarios. Pero también hemos generalizado la jornada laboral de 37,5 horas en la administración y hemos recortado el gasto en personal activo un 2,6%.

—¿Habrá una transferencia de mil millones a la Seguridad Social para los complementos a mínimos de las pensiones, como avanzó este diario?

—Así es.