El fiscal concluye que los ERE eran «una pantalla para saquear» el dinero público

Este fue, junto al riesgo de fuga de Trujillo y junto a la sospecha de que pueda destruir pruebas, el principal argumento expuesto por el fiscal para justificar su petición de que fuese encarcelado. De hecho, Trujillo no sólo admitió en su declaración ante la juez haber creado sociedades por indicación de Guerrero para desviar cantidades millonarias de los ERE en su propio beneficio, o haber gastado 25.000 euros de los parados al mes en cocaína; también reconoció que la mayoría de las personas a las se concedían ayudas «eran del PSOE o próximas al PSOE».

La relación entre Guerrero y Trujillo resume el modus operandi del fraude, ya que ninguna de las empresas que ambos crearon (y que obtuvieron subvenciones) existía con anterioridad ni funcionaron nunca. «Todo fue una pantalla para recibir dinero» —sostiene el fiscal—, una pantalla para «ayudar a otros a obtener ilícitamente fondos públicos» mediante una «labor continuada de saqueo de los fondos públicos» en un período prolongado de tiempo. Y ello, tanto en su propio beneficio como cooperando conscientemente en el beneficio de su jefe, Francisco Javier Guerrero, también en prisión.

Por eso, el Ministerio Público, que tiene pendiente que la instructora le conteste todavía a una batería de diligencias entre las que se encuentran las declaraciones del actual director general de Trabajo y el resto de imputados, ha pedido a la juez que siga investigando. «Es necesaria una mayor investigación sobre el descubrimiento del destino del dinero público» , concluía el fiscal, de quien partió la iniciativa de imponer al chófer fianza de 2.300.000 euros por las subvenciones y las ganancias que obtuvo de forma ilícita.

De hecho, Trujillo entró en al Juzgado imputado por once delitos y salió por veintidós. La lista es casi un compendio del Código Penal: tres delitos de obtención indebida de ayudas públicas, seis de falsedad en documento mercantil, seis de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación, tres de falsedad en documento oficial y uno de alzamiento de bienes figuran en su haber. Y la juez asegura que esos delitos «podrían incluso aumentar en el desarrollo de la investigación» .

De momento son dos las personas en prisión por este caso ya que hace diez días ingresaba en la cárcel el propio Guerrero. Pero las acusaciones no descartan que haya más en el futuro. De hecho la acusación de Manos Limpias solicitó la entrada en prisión de todos los imputados basándose en la alarma social que han generado el caso en una población que ha visto saquear fondos públicos que pudieron destinarse a otros fines.

Muestra de esa alarma social es, según consta en el auto, lo manifestado por el chófer, quien además de admitir el enorme gasto en cocaína, aseguró que, pese a que su formación se limitaba a la de Técnico Administrativo de FP, cobraba como chófer de Guerrero un sueldo de 2.000 euros más 700 u 800 euros en dietas.

Trujillo relató cómo era su rutina: tras recoger al exdirector general y a la espera de que llegara la hora de comer para acompañarle a los restaurantes, se quedaba en el despacho de Guerrero y «departía con las secretarias» . Luego iban a comer a los restaurantes «Cabo Roche» o al «Mesana». Y después, a los locales de copas donde el entonces director general despachaba los asuntos de las subvenciones. Pero Trujillo también admitió que con ese dinero hacía «prestamos» a su propio jefe, que le pedía 300 ó 1.000 euros. Unas cantidades que le daba en metálico «que nunca le devolvió» y que él tampoco le reclamó jamás. Y, en cuanto a los regalos, admitió que compró un piano que le costó 4.000 euros. El testimonio del chófer reveló —además de que cobraba el paro de forma fraudulenta— el poder de Guerrero, que le puso en contacto con un directivo de la antigua Caja San Fernando para concederle un crédito de 350.000 euros sólo con un certificado de la subvención que le había concedido; o que viajó en Madrid para recibir sobres de dinero de manos de un directivo de Vitalia.