El PSOE estaría «encantado» de descontarse el sueldo el 29-M

Ya lo declararon ayer los sindicatos: comienza la «cuenta atrás» para la huelga general y, con ella, la toma de posiciones y la puesta en escena de gestos, muy oportunos políticamente si además faltan solo nueve días para las elecciones en Andalucía y Asturias.

Desde el PSOE —muy pocas horas después de que CC.OO. y UGT registraran en Empleo la convocatoria oficial de la protesta—, la exministra Trinidad Jiménez subrayaba que los diputados socialistas estarían «encantados» de que se les descuente el sueldo equivalente al 29 de marzo como «apoyo simbólico» a la movilización, ya que, como representantes públicos, han decidido que esa fecha irán a trabajar.

Según explicaban fuentes de la Ejecutiva del partido, esa es la mejor forma de reivindicar su postura frente a la reforma laboral y defender a la ciudadanía. Según la lectura legal, en realidad los cargos electos no tienen ninguna relación laboral con las Cámaras en las que ejercen, por lo que, técnicamente, no cabría llamar a sus ausencias «huelga».

Jiménez subrayaba que, en todo caso, tendrán que estudiar «de qué manera» poder provocar ese descuento salarial dentro del ámbito de la Ejecutiva Federal. Y tendrán que hacerlo porque la iniciativa no ha partido de Ferraz ni del Grupo Parlamentario Socialista, sino del secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, que fue quien avanzó ayer que él y todos los diputados autonómicos que le acompañan en la Asamblea madrileña solicitarán no cobrar el 29-M .

La Dirección Federal de los socialistas aseguró a Efe que ese día también irán a sus puestos todos sus cargos orgánicos e institucionales. Eso incluye a los senadores socialistas, de los que su portavoz, Marcelino Iglesias, había dicho el miércoles que participarían en la huelga «para estar en igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador» , aunque posteriormente rectificó.

El PSOE aclaraba ayer que ellos «no convocan ni secundan huelgas», que eso corresponde a los sindicatos, y están determinados a utilizar todos los instrumentos a su alcance, en todas las instituciones, desde las Cortes Generales hasta los ayuntamientos, para tratar de modificar la reforma. Y que mantienen en último término el recurrir al Tribunal Constitucional.