La Fiscalía mantiene que la aseguradora entregó 500.000 euros a la hija menor del procesado y 700.000 euros al hijo, también menor, por las lesiones y las secuelas que les dejó el siniestro. Además, ambos comenzaron a recibir una pensión por invalidez, según el escrito de acusación del ministerio público facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El encausado, siempre según la versión de la Fiscalía, ocupó desde ese momento de la administración del patrimonio familiar, lo que habría aprovechado para apoderarse de diversas cantidades que correspondían a sus hijos o a la empresa de la familia, mediante transferencias bancarias, lo que generó un «grave perjuicio» para el patrimonio de sus hijos y su esposa.
Una de las transferencias, de una cantidad cercana a 30.000 euros, la habría realizado el procesado en favor de una empresa, administrada por una mujer, también procesada en la causa, que era la pareja sentimental del acusado, de acuerdo con la acusación relatada.
El ministerio fiscal solicita para él una pena de prisión de siete años por un delito de administración desleal para el que aprecia la agravante de parentesco. Además, piden que el hombre indemnice a sus familiares con más de 511.000 euros, mientras que para la mujer, demanda dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida.
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