Griñán desvió 1,2 millones al fondo de los ERE para financiar la trama de Cádiz

Griñán firmó la resolución el 16 de diciembre de 2008, cuando era vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Economía y Hacienda. Fue aprobada seis días después en el Consejo de Gobierno, presidido entonces por Manuel Chaves.

La modificación presupuestaria consiste en dar de baja diversas cantidades de la partida 32H, cuya finalidad era «Planificación para el empleo», por un importe total de 1.253.853,89 euros , y transferir este importe a la citada partida 31L para «atender y complementar las necesidades de las empresas afectadas en el marco de actuaciones del Plan de la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz (Bahía Competitiva)».

La orden de modificación presupuestaria especifica que el destino del dinero es «ayudas destinadas a prejubilaciones, proyectos de viabilidad, incentivación y consolidación económica de las pequeñas y medianas empresas para el mantenimiento de empleo y el desarrollo de acciones de adquisición de competencias profesionales a los trabajadores mayores de 53 años , con dificultades de inserción en el mercado laboral».

Asimismo, recoge que los fondos serán gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la empresa pública perteneciente a la Consejería andaluza de Economía e Innovación que también gestionaba las ayudas a empresas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos. Según sostiene la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, la asignación de estas competencias a dicha empresa pública tendría como finalidad eludir los controles administrativos y la fiscalización a la que está sometida la Consejería y que no se aplican a IDEA. El plan Bahía Competitiva era un ambicioso proyecto creado en 2007 y financiado a partes iguales por la Junta de Andalucía y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —cada administración aportó 47 millones de euros—. Su objetivo era reindustrializar la provincia gaditana.

Sin embargo, la Policía detectó que unos 27 millones de euros fueron a parar a un conglomerado de sociedades vinculadas a las mismas personas y creadas entre 2008 y 2011 con la única finalidad de captar las subvenciones a través de proyectos fantasma e inviables radicados en direcciones falsas. Para acreditar su solvencia, presentaban certificados bancarios, facturas o contratos falsos, que pasaron sin dificultad los controles de la comisión integrada por el Ministerio, la Junta y la Diputación de Cádiz.

El control por el PSOE de este costoso plan de empleo era evidente. El responsable político del mismo era Antonio Perales, integrante del influyente «clan de Alcalá» gaditano y hermano del fallecido Alfonso Perales, que fuera consejero de la Junta. Asimismo, la nuera de Luis Pizarro —exsecretario de Organización del PSOE andaluz, exconsejero de Gobernación y Justicia y número uno socialista por Cádiz en las elecciones del día 25—, Gema Herrera, evaluaba las ayudas dispuestas en el plan.

En este sentido, ABC denunció ayer que la Junta de Andalucía, a través de la agencia IDEA, daba instrucciones para manejar a su antojo el destino de las subvenciones, alterando los baremos para incrementar o disminuir los fondos asignados en función de sus intereses. Así, este periódico reprodujo un correo electrónico interno de una directiva de IDEA a Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) —organismo dependiente de la Diputación de Cádiz que gestionaba las ayudas— en el que se daban instrucciones concretas para modificar las cantidades otorgadas sin informes técnicos.

Ayer, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, declaró que «el fraude que se haya podido cometer se ha detectado gracias a los controles exhaustivos de la Junta». Añadió que «si hay alguna empresa que haya hecho un mal uso de los fondos públicos se denuncia y se busca el reintegro. Aquí —subrayó— no hay nada más, salvo la manipulación del PP».