Rajoy da luz verde para devolver el voto a la diáspora vasca y navarra

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha designado un experto de entre el grupo de colaboradores de Presidencia para que elabore un informe jurídico sobre las posibilidades de devolver el derecho a voto en su ciudad de origen a los ciudadanos que tuvieron que abandonarla por el acoso directo o indirecto de ETA. La cuestión, de hondo calado técnico, ya que conlleva entre otras la reforma de la Ley Electoral, fue abordada el pasado martes en la reunión que el jefe del Ejecutivo mantuvo con el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, en La Moncloa.

A instancias del líder del PP vasco, el Gobierno ha otorgado carácter de «prioridad» política a esta modificación legal, para lo cual ha encargado un dictamen jurídico —sobre el que trabaja ya la Abogacía del Estado—, que permita avanzar sobre seguro en una futura fase parlamentaria. No obstante, el objetivo, según las fuentes consultadas, es que la reforma sea aprobada antes de las autonómicas vascas , que se celebrarán, a más no tardar, en marzo de 2013.

Desde hace casi un año, el PP vasco ha venido reiterando su disposición a trabajar para que los «derechos políticos» de los ciudadanos «desplazados» a otras comunidades por culpa ETA sean restituidos. Una reivindicación que ha estado en la última década en boca de las asociaciones, como el Foro de Ermua, y que diversos estudios han llegado a cifrar en hasta 200.000 las personas afectadas. Sin embargo, es ahora cuando los populares, de nuevo en el Gobierno, quieren dar el espaldarazo definitivo a esta reforma, que exige la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y para la que el PP desea contar antes con un consenso político amplio .

Se da la circunstancia además de que Basagoiti, como uno de los «padres» de la ponencia política que se debatirá este fin de semana en el Congreso del PP en Sevilla, ha incluido este reconocimiento en el documento guía del partido. En concreto, se sitúa en el artículo 140, dentro de lo que el PP llama «El final necesario de ETA». En él se hace mención a la conveniencia de «restituir los derechos políticos» —el de voto— «a los que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron». El párrafo ha sido enmendado por el exdiputado del PP de Navarra Jaime Ignacio del Burgo para que se incluya también a los «exiliados» de la Comunidad foral. El texto remarca que sólo habrá un escenario de «paz y libertad» en la sociedad vasca y navarra cuando «puedan decidir su presente todos aquellos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron».

A partir de ahí, los trabajos que el PP va desarrollar se sitúan en dos ámbitos bien diferenciados. Por un lado, el equipo jurídico de Presidencia analizará cómo salvar los escollos legales que se derivan de la reforma electoral . Además, está en cuestión cómo preservar los derechos de aquellos ciudadanos que, en su caso, soliciten votar en el País Vasco pero deseen conservar sus derechos de residencia actual, ya sea los referidos a la tarjeta sanitaria, el aparcamiento o el colegio de sus hijos. Por último, y aún más delicado si cabe, es determinar de qué forma se va a «objetivar» el colectivo que puede acogerse a la reforma. «La clave esta en los aspectos técnicos. Habrá que acotar primero qué entendemos por el colectivo de amenazados y saber cómo constatar que el desplazado lo fue por causa de la violencia directa de ETA o por el ambiente difícil que respiraba en su pueblo de origen», afirma el diputado vasco del PP Leopoldo Barreda.

Solo entonces, una vez amarrados los aspectos técnicos, el grupo parlamentario formalizará su iniciativa en el Congreso, donde UPN ya ha registrado una proposición no de ley en este sentido. Barreda se muestra cauto sobre la previsión de votantes adicionales que se incorporarían al censo vasco y navarro a través de esta reforma. «Tendrá un impacto limitado. No habrá terremoto electoral» , augura. «A las dificultades que conlleva acreditar quién se marchó por la violencia y no por otras causas, hay que añadir que el interesado deberá reclamar ese derecho a votar. Y muchos prefieren no remover las razones que les llevaron a salir de aquí», aventura. En todo caso, puntualiza, ni habrá «voto doble» ni se aplicará a las elecciones municipales, pero sí a las autonómicas, generales y europeas.