Castellón debe demoler parte de su aeropuerto

Aún no ha recibido ningún vuelo, por no contar con los permisos necesarios, pero ya tiene que acometer reformas de calado. El aeropuerto de Castellón, obligado por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), deberá demoler la cabecera de la pista de aterrizaje y rehacer la «plataforma de giro» , que no dispone de las medidas exigidas por la normativa internacional. Estas obras sumarán un lastre más a la puesta en marcha de la infraestructura y supondrán una nueva inversión con la que nadie quiere cargar: ni la organización gestora (Aerocas) encabezada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ni la empresa que edificó el aeródromo, Concesiones Aeroportuarias, cuyo contrato de concesión fue rescindido recientemente.

Un error de cálculo dio lugar a que la zona de giro —uno de los extremos de la pista donde los aviones que han aterrizado giran para dirigirse al área de estacionamiento— se construyera demasiado pequeña, incapaz de dar cabida a los aviones de grandes dimensiones .

El desperfecto resulta ahora más problemático porque ha caído en terreno de nadie. En una reunión celebrada el pasado lunes en la Cámara de Comercio castellonense, Fabra trató junto al consejo de administración de la sociedad pública la extinción del acuerdo con la concesionaria, que reclama 80 millones de euros por el incumplimiento de un contrato con una duración prevista de 50 años. La creciente hostilidad entre Concesiones Aeroportuarias y el Gobierno valenciano precipitó la ruptura e inició una abierta oposición que, incluso, puede acabar en los tribunales.

El presidente de Castellón insiste en que la reforma —cuyo coste no avanzó— se ejecutará con cargo al aval de 4 millones de euros que ofreció la empresa en el momento en el que se adjudicó del contrato, siempre que ambas partes no alcancen antes un acuerdo; es decir, que no supondrá ni un euro de dinero público, más allá del abonado de manera indirecta si, hipotéticamente, tuviera que indemnizar a la compañía por la resolución del contrato.

Durante el mismo consejo, también se formalizaron otros contratos, como la concesión del control aéreo (a Saerco), la seguridad privada y el « control de la fauna y desalojo de aves », que salió a licitación por 450.000 euros y que incluye el servicio de cetrería para evitar que las aves se interpongan en la trayectoria de unos aviones que aún no despegan de sus pistas.