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La Administración paga tres veces más tarde de lo estipulado

España es el tercer Estado más moroso de la Unión Europea de los quince

JAVIER TAHIRI

La economía depende de la confianza. De prestar dinero y esperar su devolución futura, pecado que provocó el comienzo de la crisis actual y que ahora nadie está dispuesto a cometer, aunque eso ahogue a familias y empresas. Así lo indica un sector bancario europeo que prefiere aprovechar la barra libre de liquidez para depositar el dinero en la ventanilla del BCE, que marca récords día tras día. Hasta que no vuelva esta confianza perdida, no llegará la recuperación.

Y todo indica que en España esta mejora tardará en aparecer . Nuestro país es el tercer Estado más moroso de la UE de los quince. Según el último informe de la Plataforma multisectorial contra la morosidad, las empresas de nuestro país se demoraron en 2011 una media de 98 días en pagar, frente al plazo legal de 85, un aumento de cinco días respecto a 2010. Las administraciones no dan ejemplo, sino todo lo contrario y frente al límite de 50 días de pago, sus plazos se situaron en 162 días de media, cinco más que el año anterior y tres veces más que lo estipulado por ley. Solo Italia (180) y Grecia (168) nos superan en tardanza a la hora de pagar.

Con la crisis la morosidad en nuestro país no deja de crecer y no solo afecta a los bancos. Del lado empresarial ya supuso en 2011 un 7,1% de impagos respecto al total de facturación entre las compañías frente al 5,1% de 2010. «En España la media indica que de cada cien euros que factura una empresa, solo recibe 93 euros», dice el portavoz de la plataforma, Antoni Cañete. El retroceso con Europa es evidente: la media de impagos es del 2,6%.

No tiene visos de que este desnivel vaya a corregirse a corto plazo porque la legislación contra la morosidad no se cumple. El 63% de las empresas tienen clientes con contratos de pago con plazos superiores a los legales. A pesar de que la ley 15/2010 endureció a la anterior ley, de poco sirve hacerlo sin un régimen sancionador, que ahora mismo solo posee el comercio minorista. Desde Bruselas ya han querido tomar cartas en el asunto con la directiva contra la morosidad que reduce los plazos hasta los 60 días en el caso de la empresa y a 30 para las administraciones, y cuya implementación se deberá hacer efectiva en toda la UE para 2013.

A un año de su aplicación, las administraciones nacionales quintuplican los plazos de pago que Bruselas quiere imponer.

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