Griñán recurre a un truco contable inédito para eludir el pago de facturas

El texto de la consigna dice literalmente que «las intervenciones receptoras de expedientes suspendidos en su contabilización por las razones expuestas anteriormente deberán proceder finalmente a su simple devolución al gestor correspondiente». Es decir, que sean devueltas a sus departamentos de origen. Y no se trata de facturas en las que se ha encontrado alguna incidencia, ya que la misma orden aclara que se «instrumentalice» esta devolución «mediante un rechazo informático (sin que por tanto deba mediar nota de disconformidad)». En este punto dicha orden es definitivamente esclarecedora al indicar cómo hay que dar de baja los documentos de pago en el sistema «Júpiter»: «Se invocará el código de causa de rechazo número 14: resolución suspensión contabilidad».

La terminología del propio programa informático evidencia que la consigna dada es suspender la tramitación de los expedientes, sobre todo porque el texto culmina con una petición nítida: «Estas devoluciones se deberán efectuar desde el momento en que se reciba el presente correo hasta el 20 de enero», fecha de cierre del ejercicio 2011. Esto es: hoy finaliza el plazo legal para cerrar la contabilidad del año pasado y la Intervención ha ordenado devolver a su origen las facturas que estaban en «obligación de pago» y proceder a su «rechazo informático». De hecho, el título que encabeza esta nueva comunicación interna es «Devolución exptes (sic) obligación y/o pago».

Las fuentes de la alta gestión administrativa consultadas por este periódico insisten en que esta medida es un «truco contable» que «no tiene precedentes» en la Junta de Andalucía, ya que lo que se ordena «no es rechazar las facturas, sino que no se continúe con el trámite». Igualmente, las citadas fuentes reiteran que con esta operación lo que se pretende es «traspasar el déficit de un año a otro» sin tener en cuenta el perjuicio que esto generará en los proveedores que están a la espera del cobro de facturas que son legales. Pero no sólo eso. La paralización afecta también a numerosos expedientes de subvenciones incluso a ayuntamientos que dependen de ellas para poder hacer frente a las nóminas de sus empleados. Las citadas fuentes confirman que la medida afecta a «miles de expedientes». De hecho, el propio correo de la Intervención General de la Junta habla de «traspaso masivo». Pero añaden otro dato: «Lo normal era que al final del ejercicio se agilizaran los pagos para cerrar la contabilidad. La situación nueva es que todo eso, en vez de salir con celeridad, está saliendo pero para atrás». Sin embargo, hay excepciones. Como ya explicó ayer este periódico, la medida no afecta a las nóminas, a los créditos y a conceptos como los anticipos de caja, que son las partidas que se usan para «comidas, intendencia, viajes...».

La clave en todo esto es que el procedimiento administrativo para que la Junta pague una factura tiene una duración que puede llegar incluso al año. Los documentos que la Intervención ordena devolver «al sector correspondiente» estaban sólo pendientes de la validación de los interventores delegados y su posterior abono en cuenta. Pero ahora tendrán que volver a pasar todo el trámite y el gasto se computará al ejercicio 2012. Y todo esto a dos meses de las elecciones autonómicas en las que se elegirá al nuevo gobierno de Andalucía.

Aún así, el portavoz socialista en el Parlamento Andaluz, Mario Jiménez, aseguró ayer que lo publicado por ABC es «intolerable porque no está vinculado a la verdad, con lo que eso significa desde el punto de vista de agresión al derecho a una información veraz que tiene la ciudadanía».