Rajoy forzará las fusiones otorgando más plazo para sanearse a los nuevos bancos

La clave estará en forzar fusiones entre entidades financieras. Para ello, en primer lugar, el Gobierno obligará a bancos y cajas a aumentar sus provisiones para cubrir los activos inmobiliarios que tienen en los balances. Y solo lo podrán hacer con cargo a resultados o a lo que denominan «capital contigente», que son todos aquellos títulos que pueden convertirse en acciones.

La consecuencia inmediata de esta obligación de sanear los balances sería que la mayoría de las entidades del país dejarían de tener beneficios durante dos años. Entrarían en pérdidas. Pero el Gobierno les daría una salida. Aquellas que consoliden, es decir, que se fusionen con otras, recibirán como incentivo plazos más largos de provisionamiento. Es decir, que en lugar de hacer dotaciones en unos meses, puedan hacerlo en varios ejercicios, lo que les podría librar de esos temidos números rojos.

Por tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy da un impulso más a sus planes sobre la necesaria, y obligada, reforma financiera, que, según las mismas fuentes consultadas, anunciará en breve y que llevará debajo del brazo a la próxima cumbre europea, del 30 de enero.

Hasta ahora, lo que se ha hecho es tirar de FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), con esquemas de protección de activos (EPA) detrás, para aquellas entidades que absorbieran o compraran otras con problemas. Algo que ha ocurrido recientemente con el caso del Banco Sabadell , que ha recibido ya más de 5.000 millones. Cifra que puede superar los 20.000 millones en los próximos años, una vez que se afloren todas las pérdidas. Y precisamente esta era la fórmula que el sector pretendía que se siguiera aplicando.

Pero la decisión está tomada. El Gobierno no quiere utilizar ni un euro más de las arcas públicas para el sector por dos razones. Una, de imagen interna. La primera decisión del Gobierno ha sido exigir sacrificios a los ciudadanos con subidas de impuestos, de forma totalmente sorpresiva, por lo que no entenderían que parte de estos ingresos extra se destinen a la gran banca. Además, hay otros muchos sectores económicos con problemas, que también podrían exigir el mismo trato. Por tanto, facilitar ayudas públicas al sector financiero en un momento como el actual provocaría un fuerte rechazo social.

Ahora bien, el principal motivo para obviar esta opción ha venido de fuera —Europa y los mercados—. Las agencias de «rating» ya han advertido de que bajarán incluso más las calificaciones a la deuda española si se destinan más recursos estatales al sector financiero. Y en el Ejecutivo temen, además, que se pudiera repetir el caso de Irlanda, en el que han sido las ayudas a los bancos las que obligaron al país a pedir el rescate.

Fuentes financieras explicaron a este diario que con esta fórmula, las actuales entidades no tendrán más remedio que fusionarse para evitar incurrir en pérdidas. Explican en este sentido que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero , consiguió su objetivo de obligar a las cajas a convertirse en bancos con un estímulo similar. Aquellas que se convertían en bancos tenían menos exigencias de capital —un 8%—, que las que no lo hacían, que tenían que llegar a un 10%. El resultado fue el esperado. La mayoría de las entidades financieras en España ya son bancos.

Mientras el Gobierno teje las redes de la nueva estructura bancaria del país, el Banco de España, desde hoy, revisa los planes de recapitalización de las cinco mayores entidades españolas (Santander, BBVA, Popular, La Caixa y Bankia) para cumplir con las exigencias establecidas por la Autoridad Bancaria Europea ( EBA , por sus siglas en inglés). Los cinco grandes de la banca tienen de plazo hasta el 20 de enero para remitir al supervisor formalmente la hoja de ruta con el fin de elevar su capital en la medida fijada por la EBA.

BFA, el banco financiero de Bankia , aprobó ayer su plan. El grupo prevé alcanzar un capital principal del 9,8% en junio (10,5% bajo normativa actual de Basilea II), situándose en «una sólida posición de solvencia» por encima del nivel mínimo exigido del 9%, informó la entidad.