El Gobierno eleva el agujero de las cuentas al 8,2% del PIB

Tan solo hubo que esperar unas horas para conocer el dato, concretamente el 8,2%, aunque por boca del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que cifró además el recorte en 38.000 millones de euros para lograr alcanzar el objetivo del 4,4% de déficit público en 2012. Fernández añadió que cada punto de déficit equivale a 10.000 millones de euros, informa Ep.

Guindos señaló que España no está en condiciones de tener undéficit público de tal calibre y que no tomar medidas para corregirlo llevaría a la economía a una situación «imposible». Y añadió que esta situación se ubica en un entorno de crecimiento negativo, por lo que el Gobierno cuando lo supo, tuvo que tomar medidas «desagradables» en un acto de «responsabilidad», a pesar de que no ha sido un «plato de gusto».

En este sentido, manifestó que el aumento tributario es desagradable e impopular, pero de no hacerlo «nos lo hubieran impuesto otros». A su juicio, la culpa de esta situación se distribuye entre las comunidades autónomas y la Administración central. Y apuntó a que las reformas que se deben hacer no pueden consistir solo en un planteamiento de mero ajuste de contracción del gasto. De Guindos aseguró que el Gobierno tiene una «agenda reformista muy agresiva» en los ámbitos laboral, financiero, del mercado de bienes y servicios, y competitividad, e indicóque sólo con recortes de gastos y subida de impuestos «nos meteremos más en una situación contractiva».

Respecto a las declaraciones de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien señaló que el Gobierno socialista ha dejado un país «en la ruina económica y social», De Guindos no quiso calificarlas, pero subrayó que «la situación es la que es» y que prefiere mirar hacia adelante y no realizar valoraciones al respecto.

En cuanto al IVA, espera que no suba este año, aunque recalcó que en estos momentos hay que hacer un programa de estabilidad de acuerdo con los socios europeos. El responsable de Economía aseguró que los esfuerzos para salir de esta crisis se deben distribuir entre todos: sociedad, agentes sociales y partidos políticos. Y también las compañías eléctricas, que deben tener «un servicio adecuado a precio adecuado». Preguntado sobre la medida adoptada por la Generalitat de Cataluña de cobrar un euro por receta médica, respondió que no sabe si será aplicable a nivel general, pero que se siente «muy solidario» con los esfuerzos de austeridad realizados por el gobierno catalán en esta materia.