Denuncian irregularidades en varias centrales térmicas

Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha solicitado a la Fiscalía de Ciudad Real que investigue las irregularidades detectadas en la aprobación ambiental de las centrales termosolares Helios 1 y 2 en los municipios de Arenas de San Juan, Villarta de San Juan y Puerto Lápice.

Según se indica en el Informe-Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente para el año 2010, hecho público recientemente por la organización, se han detectado diversas irregularidades en el procedimiento de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las centrales termosolares Helios 1 y 2 promovidas por la empresa Hyperion Energy Investments.

Las diligencias de la Fiscalía de Medio Ambiente se iniciaron a instancias de la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Según el informe de la Fiscalía se aprecian serias deficiencias en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la anterior Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, al no considerarse, como marca la Ley, alternativas de ubicación, fragmentar un único proyecto de 98 MW en dos de 49,9 MW para eludir la tramitación del expediente de DIA por parte de la administración estatal y por otra parte, poder acceder a subvenciones públicas.

Además se cita en el informe que se han emitido por parte de la administración ambiental regional informes que infravaloraban u ocultaban el impacto de estas centrales sobre la avifauna protegida, dehesas afectadas y formaciones geomorfológicas protegidas por la legislación ambiental de Castilla-La Mancha.

Otro aspecto que destaca el informe es la posible incompatibilidad de estas centrales cuyos terrenos se sitúan sobre el sobreexplotado acuífero 23, con la conservación de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, que incluye al Parque de las Tablas de Daimiel, debido a los altísimos requerimientos de agua para su funcionamiento. Se cita que los derechos de agua para uso industrial actualmente adquiridos por la empresa promotora quedan muy por debajo de las necesidades declaradas de la planta, estimadas en 1.600.000 m3. lo que podría inducir a la extracción clandestina de agua mediante la apertura de nuevos pozos ilegales.