Barreda defenderá la Ley de Agua si el PP no retira el texto

Así lo han confirmado fuentes socialistas, quienes han indicado que la Ley del Agua de Castilla-La Mancha, que incluía las demandas hídricas que recogía la modificación del Estatuto de Autonomía que finalmente no vio la luz por falta de acuerdo entre PP y PSOE, fue una iniciativa que surgió de las Cortes regionales, que son, en definitiva las «dueñas» del texto, y por tanto las que pueden aprobar su retirada. Esto se produciría, han precisado dichas fuentes, si el PP, que ahora tendrá la mayoría en la Cámara regional, presentara una iniciativa para retirar esta norma del Congreso para que no continúe su tramitación.

Y es que, dichas fuentes han asegurado que los socialistas no tienen ninguna intención de retirar el texto de la Cámara Baja, como ya ocurriera con el malogrado Estatuto de Autonomía, que el hasta ahora presidente regional, José María Barreda, decidió retirar, al entender que se había devaluado su contenido.

Por ello, si el Partido Popular, que estará al frente del Ejecutivo castellano-manchego y tendrá 25 de los 49 escaños que conforman las Cortes regionales, no retira el texto, será finalmente Barreda, como jefe de la oposición, el que defienda ante el Congreso de los Diputados esta legislación, que contiene las demandas hídricas de Castilla-La Mancha, según las entiende el PSOE. Después de dos plenos polémicos en las Cortes de Castilla-La Mancha, el PSOE regional consiguió que la Ley del Agua se registrase en el Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación. Fue el pasado 30 de marzo cuando José María Barreda, acompañado del hasta ahora presidenta de las Cortes, Francisco Pardo, entregaron el texto en el registro del Congreso de los Diputados.

Tan solo un día antes, el Convento de San Gil vivió una de las jornadas más tensas de la última legislatura, en la que la mayoría socialista, y ante la ausencia de la bancada 'popular', sacó adelante el texto. Previamente, el presidente de las Cortes tuvo que suspender el pleno, después de que los diputados del Partido Popular, entre los que no se encontraba su presidenta María Dolores Cospedal, mostraran pancartas, en las que acusaban a Barreda de impedir hablar de empleo, tal y como propusieron los «populares».