La inestable regulación deja al sector fotovoltaico con la mitad de sus empleos

La industria fotovoltaica no es ajena a la crisis, y a la delicada situación económica general se unen las incertidumbres del sector, lo que hace que viva «momentos muy complicados». Tanto que lo que hace unos años era una pujante actividad que acumulaba crecimientos superiores al 300 por ciento, ahora está «destruyendo empleo». En Castilla y León, primera Comunidad española por número de fábricas solares, en los últimos ejercicios, la industria fotovoltaica ha perdido unos 2.000 empleos. Si hace no mucho llegó a dar trabajo de forma directa a 4.000 personas, ahora apenas supera los 2.000 puestos de trabajo, cuando en 2010 rozaba los 2.500. En el conjunto de España se ha pasado de casi 60.000 en 2008 a 12.000 (el 40 por ciento vinculados a la fabricación de placas y componentes y el resto dedicados a la instalación, mantenimiento...), según lamentaron ayer en Valladolid representantes de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) y de Cylsolar, el clúster en torno a esta energía de Castilla y León, tras reunirse para analizar su encrucijada.

Lograr «estabilidad jurídica» para el sector que «permita planificar» es la principal demanda lanzada para intentar «salir del bache». «Reglas de juego claras y que no cambien», exigió Tomás Díez, responsable de Relaciones Externas de Cylsolar, quien advirtió de que con cuatro decretos diferentes durante cuatro años «no hay empresa que pueda planificar». Un capítulo en el que, según recordó, «tienen mucho que decir» tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, también con competencias en este ámbito. Pese a esta clara demanda, Juan Guerrero, presidente de Cylsolar, reconoció que en lo que se refiere a la parte industrial, «nos sentimos bastante apoyados» por las regiones. Además, subrayaron que Castilla y León es «una de las comunidades más proclive» a la energía fotovoltaica, a la que considera «sector estratégico».

Además, reclamaron el «desarrollo del autoconsumo», es decir, el «derecho a producir y abastecernos de nuestra propia electricidad», en el que la energía fotovoltaica parte con ventaja respecto a otras fuentes porque se puede «producir donde se consume» mediante paneles solares. La «simplificación administrativa» es la tercera gran demanda del sector, que lamentó que los ciudadanos tarden hasta dos años en recibir la autorización para colocar una placa en su casa.

Castilla y León no sólo es la primera comunidad por número de fábricas solares (hay diez factorías de obleas, células de silicio cristalino, módulos solares y seguidores), sino que también ocupa los primeros puestos en instalaciones de producción eléctrica a partir del sol. Con una producción en 2010 de 615 gigawatios/hora es la cuarta región que más partido saca al astro rey. Supone que pudo cubrir el 4,29 por ciento de la demanda eléctrica de la región o, lo que es lo mismo, satisfacer las necesidades de más de 150.000 hogares. Además, según resaltaron los responsables de Cylsolar, se evitó la emisión a la atmósfera de 575.000 toneladas de CO2 si esa misma energía hubiera sido producida por carbón.

La potencia conectada a la red en el conjunto de España es de 3.812,37 megawatios (MW), de los cuales 386,7 están enganchados en Castilla y León, cuarta comunidad en este ránking, sólo por detrás de otras con mayor irradiación como Castilla-La Mancha (856,9 MW), Andalucía (713,5) y Extremadura (464), según los datos de la Comisión Nacional de la Energía. Además, en 2010, y pese a la crisis particular que atraviesa el sector, la región instaló 56,71 megawatios de potencia fotovoltaica, colocándose como la segunda región que más creció, por detrás de Extremadura.