Al menos media docena de presos de ETA podrían seguir en los próximos meses los pasos del asesino en serie Antonio Troitiño y salir en libertad antes de tiempo sirviéndose del mismo resquicio legal. Entre ellos, el pistolero Pedro María Reizábal, que participó en el asesinato del guardia civil José Herrero, perpetrado en 1985 en Lasarte (Guipúzcoa) cuando paseaba con su hijo.
Antonio Alza
También podría ver acelerada su salida de prisión Fernando Luis Astarloa, detenido en Francia en 1987 y, tras su extradición, condenado a 100 años de cárcel por su participación en dos asesinatos y en varios atentados con explosivos. Astarloa, sin embargo, se desvinculó por iniciativa propia de ETA en enero de 2010 y, en mayo de ese año firmó una carta en la que se mostraba partidario de expresar el «reconocimiento» y la «reparación» a las víctimas. Asimismo, animaba al resto de reclusos etarras a romper la disciplina impuesta en el «colectivo de presos políticos vascos». El mismo camino seguirá el pistolero Juan Andrés Urquizu, condenado a 29 años de prisión por asesinar a Enrique Moreno en 1986, tras confundirlo con un policía retirado en un bar del barrio donostiarra de Amara. O Antonio Alza, el «etarra charro», natural de Salamanca, y cuya salida no estaba prevista hasta el año 2018, siempre en virtud de la «doctrina Parot». Preso en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, Alza es otro de los reos disidentes de ETA.
L. Fernando Astarloa
Los dos últimos casos afectan al etarra Jesús Bollada, quien en principio cumple condena hasta 2017, debido a su implicación en el atentado contra el cuartel de la guardia civil en Sestao en los años ochenta, que dejó heridas a cuatro personas. Asimismo, el preso de ETA Juan Francisco Gómez debería cumplir entre rejas hasta 2019, en función de la condena a 48 años de cárcel que se le impuso en 1990. Gómez fue condenado por pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos, atentado en grado de tentativa y coacciones.
