Garzón verificará en la OEA el desarme de los paramilitares

MADRID/BOGOTÁ

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, trabajará como asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso de verificación de desarme de los paramilitares, según informó el diario colombiano «El Tiempo». La noticia de la contratación por la OEA, adelantada hace un mes por ABC, fue confirmada ayer por fuentes de ese organismo en Washington, citadas por Efe.

La operación para encontrar una ocupación al magistrado en Colombia se gestó durante la cumbre iberoamericana de Mar del Plata (Argentina), a comienzos de diciembre del pasado año, en un encuentro entre la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y su colega colombiana, Ángela Holguín. España financiará la contratación de Garzón, a través de su contribución a la OEA para el proceso de paz en Colombia, que hasta ahora ha sido de un millón de euros anuales.

A falta de concretarse algunos detalles, en dos meses, el juez tendrá una oficina en Colombia, desde la que trabajará en la Misión de Apoyo que la OEA envió al país en 2005 para verificar el desarme paramilitar. Entonces, la desmovilización de 10.000 paramilitares, como se conocieron los escuadrones de la muerte que en los noventa combatían a las guerrillas, fue polémica. Muchos se volvieron a rearmar, unos pocos se reinsertaron adecuadamente y la mayoría se involucró con otras bandas de delincuentes.

La llegada de Garzón, apreciado en Colombia por asesorar a comunidades indígenas en sus denuncias por violaciones a los derechos humanos, no fue bien recibida esta vez. Si bien es cierto que Garzón podría manejar asuntos claves como la restitución de tierras a las víctimas de la violencia, desde enero, cuando se supo que trabajaría con la OEA en Colombia, su presencia no gustó.

«Baltasar es un juez cuestionado judicialmente que soporta una medida cautelar de suspensión por parte de los tribunales de justicia españoles (…) Es investigado por una conducta con la cual se ha estigmatizado al Estado colombiano y que ha causado conmoción en la institucionalidad», manifestó el procurador Alejandro Ordóñez».