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El PP se querella contra seis altos cargos y 20 beneficiarios de ERE

Sitúa al ex consejero Antonio Fernández como responsable penal de la trama

El PP se querella contra seis altos cargos y 20 beneficiarios de ERE

MERCEDES BENÍTEZ

La querella que el PP presentará mañana en el juzgado fija la responsabilidad penal de la trama de los ERE en el que fuera consejero de Empleo, Antonio Fernández pero, según la portavoz popular, Rosario Soto, «está abierta» y es «ampliable» a aquellos que puedan aparecer implicadas. Así aunque los populares han acusado políticamente al propio presidente Griñán, en la denuncia el máximo responsable es el propio Fernández.

Sin embargo la querella se dirige contra 26 personas, entre las que figuran seis altos cargos de la Junta de Andalucía. Aparecen, además de Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual, Daniel Alberto Rivera así como el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También figuran el intermediario Juan Lanzas, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L e Ingotor Seguros S.L. Y a ellos une el PP una lista de 15 personas, algunos parientes de altos cargos, beneficiarios de ERE en distintas empresas en las que nunca han trabajado.

Todos podrían ser responsables de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiad, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles.

Según los populares, esa lista será ampliada contra «todos aquellos que pudieran ser implicados en los hechos». Dice la querella que han detectado diferencias de 170.000 euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuestos de la Consejería de Empleo y el dinero librado por los entes autonómicos que gestionaron estas ayudas, la inexistencia de informes del gabinete jurídico de la Junta, la falta de publicidad o las subvenciones arbitrarias entre otras irregularidades. El PP pide la declaración del interventor de la Junta así como del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo.

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