El PP aboga por simplificar la administración en su plan local
El programa-marco municipal anuncia el fin de las competencias «impropias»
Bajo el epígrafe «Un sistema competencial claro y preciso» arranca el programa-marco con el que los populares concurrirán a las elecciones municipales del 22 de mayo. Se trata de veinte páginas y 120 puntos en los que se condensa la oferta popular para toda España al margen del plan propio que se presente para cada uno de los más de 8.000 entes locales de nuestro país.
Conforme al debate abierto en torno a la viabilidad y sostenibilidad del modelo de Estado —puesto de manifiesto con toda su crudeza por la crisis económica— el PP dice comprometerse a articular un sistema «claro y preciso» de los gobiernos locales que clarifiquen los servicios que prestan, suprimiendo, «las competencias impropias», auténtico caballo de batalla de los municipios, que ven cómo asumen responsabilidades que la mayoría de las veces corresponden a las Comunidades o a la Administración General del Estado.
Las llamadas «competencias impropias» lastran en muchas ocasiones las arcas de los ayuntamientos y llegan a suponer hasta un 30 por ciento de sus gastos. Centros de salud y de educación infantil, seguridad, emergencias, lucha contra la drogadicción o atención a la inmigración forman parte de un paquete de actuaciones que no les corresponde.
La vía para acabar con estas prácticas es la modificación «simultánea y vinculada» de la Ley de las Haciendas Locales y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas «para evitar solapamientos, definir bien los límites competenciales y garantizar los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos».
Altos cargos y entes públicos
El sostenimiento del modelo también exige incorporar el concepto de austeridad y de disciplina presupuestaria que pasa por, entre otras medidas, reducir el número de altos cargos, de puestos de libre designación, de personal eventual, de empresas y de entidades públicas; recortar gastos burocráticos, de representación y de publicidad institucional y reducir el parque móvil de la administración para impulsar su uso compartido.
También aluden a las televisiones locales, para las que, al igual que las autonómicas, prometen impulsar las reformas legislativas necesarias —cosa que compete al Estado— que permitan dar entrada a la participación privada en su gestión.
Junto al gran capítulo de la organización administrativa, el PP incluye otro destinado a evitar prácticas corruptas, a imagen y semejanza del programa que firmaron los candidatos autonómicos en la convención de Baleares de principios de mes. El próximo fin de semana serán los candidatos de los municipios más populosos los que estampen su firma en un manifiesto de similares características durante un acto que se celebrará en Toledo.
Con la indeleble huella de la Gürtel, los populares se comprometen a promover el uso de la subasta como procedimiento ordinario de adjudicación y contratación; a revisar las ayudas y subvenciones de concesión directa, «de modo que se garanticen plenamente los principios de igualdad y concurrencia competitiva entre los interesados», y a implantar auditorías externas.
Además, desarrollarán un llamado «portal de la transparencia» en internet que permita a los vecinos acceder al programa de gobierno así como a evaluaciones periódicas sobre su ejecución; a los nombres y remuneración de todos los altos cargos y puestos de confianza y a toda la información referida a expedientes de contratación y subvenciones.
Además, el PP insiste en retomar la negociación con el PSOE del «Pacto por la transparencia y contra la corrupción», que quedó en suspenso.
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