Temor de UGT y CC.OO. a perder el monopolio de las subvenciones

Semana clave en la Administración del Estado (ministerios y sus delegaciones provinciales y en el exterior) para la elección el próximo jueves de los representantes en la Mesa General de la Administración, el lugar donde los sindicatos negocian directamente con el Gobierno aspectos tan importantes como el reparto de las subvenciones en la Función Pública (unos 130 millones, de los que unos 30 van directamente a los sindicatos para cursos de formación), el sueldo de los funcionarios o mejoras en este sector de la Administración.

Hasta ahora, los grandes sindicatos de la Función Pública, UGT y CC.OO. han mantenido el monopolio, junto con CSIF, aunque éste en menor medida, de los miembros de esta Mesa General. Sin embargo, hay otros sindicatos, como Fedeca (Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado), USO o CGT, que también quieren hacerse un hueco en esta mesa de interlocución y evitar así que UGT y CC.OO «sigan controlando el cotarro y luchar por la profesionalización y dignificación de la Función Pública».

La oportunidad para romper este monopolio se presenta esta semana, con motivo de las elecciones en la Función Pública, pero los sindicatos no mayoritarios no lo tienen fácil para conseguir el diez por ciento de los 313 delegados, que le dan derecho a tener voz propia en esta Mesa General. En total son unos 280.000 funcionarios los que están llamados a elegir a sus representantes en este órgano de interlocución con el Gobierno.

Esta intención de optar a un sillón en el lugar donde se debaten y pactan los grandes temas de la Función Pública ha hecho saltar las alarmas en los grandes sindicatos, según las fuentes consultadas por ABC, que ya pusieron todo tipo de trabas para que, en el caso de Fedeca, no se presentara a las elecciones de 2007. De hecho, tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que le reconociera el derecho a poder presentarse a estas elecciones sindicales.

Fedeca ha denunciado maniobras para perjudicar su implantación, como la desparación de sus papeletas en las elecciones de 2007 para que los funcionarios no pudieran optar por su opción. Cuatro años después, estas maniobras vuelven a repetirse, según denuncias de esta federación. Los hechos han sucedido en la candidatura de Baleares, donde Fedeca ha detectado que «se están falsificando firmas de sus candidatos para sumarlos a otras listas, que además se presentan plagadas de firmas falsas, lo que invalida al candidato en ambas listas, en un claro atentado a la libertad sindical».

Este «acoso» no ha hecho mella en los dirigentes de esta federación que aseguraron a ABC que ahora, «más que nunca y sobre todo por los casos de fraude de las ayudas que se están produciendo, es necesario introducir sensatez y dignidad a las cosas».

Aunque son conscientes de que tienen que salvar una serie de «barreras infranqueables», esperan contar con el respaldo de una gran parte de los 22.000 funcionarios de los Cuerpos Superiores, a los que ellos representan «osotros esperamos poder movilizar a los funcionarios de otros cuerpos de la Administración». En las últimas elecciones consiguieron llegar a los 100 delegados, pero no fueron suficientes para tener un lugar en la Mesa General.