El escándalo amenaza el último bastión que le queda a Zapatero

Esta fatal coincidencia no es sólo una cuestión doméstica, ya que la crisis del socialismo andaluz excede el ámbito regional y coloca al PSOE federal en un escenario demoscópico infernal. Los analistas de Ferraz saben que la victoria de Rodríguez Zapatero en 2008 se basó en los votos de Cataluña y Andalucía; derrumbado el pilar catalán tras el terremoto del tripartito, cualquier opción de mantener un inquilino socialista en la Moncloa pasa por salvaguardar el tradicionalmente fiel granero electoral andaluz.

La capital importancia estratégica de Andalucía ya motivó que en la Semana Santa de 2009 Zapatero impusiera el relevo de Manuel Chaves ante los síntomas de agotamiento del mandato del hoy vicepresidente tercero del Gobierno. Las encuestas habían encendido la luz de alarma: la ventaja de diez puntos obtenida por el PSOE en las urnas se había dilapidado en diez meses, ya que los sondeos daban aquella Semana Santa un empate virtual con el PP de Javier Arenas. Y Zapatero sabía que necesitaba indeclinablemente sacar distancia a Rajoy en las urnas andaluzas.

Se forzó el relevo, pero la jugada salió fatal. Casi dos años después, las encuestas dan una ventaja de diez puntos a un PP que roza por primera vez en su historia la mayoría absoluta en Andalucía. La esperanza del PSOE reside en el elevado número de indecisos que recogen lo sondeos —sobre un 20 por ciento—, un colectivo que identifica con votantes socialistas enfadados pero recuperables para las elecciones.

En esta tesitura, el escándalo del fraude de los fondos de empleo complica extraordinariamente las opciones del PSOE de recuperar terreno en las encuestas. Más allá de la gravedad del asunto, el «ERE gate» es extraordinariamente inoportuno por diversas razones. En primer lugar, el escándalo aleja a los votantes y dificulta el objetivo vital de que ese 20 por ciento de indecisos que siguen reflejando las encuestas confíe en el PSOE para seguir gobernando. En el PSOE temen particularmente el efecto que esta apropiación indebida de fondos públicos de empleo tenga entre los parados, un colectivo que en Andalucía supera el millón de personas. Al PSOE ya se le volvieron en contra los funcionarios —unos 300.000 en Andalucía— por sus planes de reforma de la administración pública, y ahora podría perder apoyos entre el ejército de parados. Paradójicamente, dos colectivos que cobran mensualmente de la Junta de Andalucía que gestionan los socialistas.

En segundo lugar, el escándalo ofrece al PP un cortafuegos para frenar las acusaciones del «caso Gürtel», una de las escasas armas que le restan al PSOE para la batalla electoral. El importe de los fondos manejados para los ERE cuestionados triplica las estimaciones más generosas del dinero que llegó a la trama valenciana.

Por último, el escándalo reabre el enfrentamiento entre Chaves y Griñán, dos antiguos amigos que se han distanciados progresivamente desde que el segundo sustituyó al primero. En el entorno de Chaves no ha gustado que la Junta admitiese las irregularidades ante los medios de comunicación, y se ha echado en falta una defensa más rotunda de la gestión de los consejeros de Trabajo de los gobiernos anteriores. El equipo de Griñán, por su parte, intenta desmarcarse de un tsunami que ya ha provocado dimisiones en UGT, expulsiones en el PSOE y cuyas aguas turbias terminarán anegando algunos despachos de la Junta de Andalucía. Y nadie quiere perecer ahogado.