Ruz ordena diligencias del Faisán rechazadas en su día por Garzón

La investigación del «soplo» policial que obligó a posponer un mes la detención de una red de extorsión que operaba en torno al bar «Faisán» de Irún, no está ni mucho menos concluida. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió ayer transformar el procedimiento en sumario (al ser las penas aparejadas a los delitos que se investigan superiores a los nueve años) y solicitar nuevas diligencias «para la completa instrucción de la causa». La lista de peticiones es larga, hasta el punto de que en algunos requerimientos da la impresión de que se reescribe la instrucción practicada en su día por el juez Garzón.

El magistrado señala que «en absoluto aparece descartado» que haya indicios de que los tres imputados han podido cometer los delitos de colaboración con organización terrorista y de revelación de secretos, aunque asegura que no es el momento de centrarse en la autoría de los hechos. Tampoco de sobreseer el caso, como pidió la Fiscalía el 1 de octubre de 2009, cuando era Garzón, y no Ruz, el que estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia. «Este instructor considera precipitado emitir un pronunciamiento acerca del eventual sobreseimiento de las actuaciones, máxime cuando concurren motivos suficientes que deben obligar a una transformación del procedimiento para que el mismo continúe por los trámites del sumario (...)». De cualquier forma, y al haber transformado las diligencias en sumario, esa hipotética decisión de archivar la causa ya no vendría de la mano del juez instructor, sino de la Sala encargada de enjuiciar los hechos. Desde este momento la pelota ya está en manos de la Sección Segunda de lo Penal.

Entre las numerosas diligencias ordenadas por Ruz destaca el requerimiento que el juez hace a dos de los tres imputados para que comuniquen al juzgado «en un plazo no superior a diez días y de forma reservada, la identidad, datos de filiación, datos de localización o cualquier otro (...)» de un confidente de uno de ellos que entonces era miembro activo de ETA. Para justificar su comportamiento los días 3 y 4 de mayo de 2006 (el 4 fue el «chivatazo»), el jefe superior de Policía del País Vasco aseguró ante el juez que había concertado una cita en el sur de Francia con una persona que «en ese momento era un miembro de ETA en activo».

«La invocación sobre la existencia de tal confidente exige, como diligencia indispensable para sostener la versión de los hechos» ofrecida por el aludido y por el inspector de Policía también imputado —«y para llegar al total esclarecimiento de los mismos»—, la identificación de tal testigo. Esto, añade Ruz, no debe ser incompatible con la «necesidad de mantener reservada a las partes y a terceros ajenos al proceso la identidad real de tal confidente (...)».

Fuentes consultadas por ABC muestran su «extrañeza» por que es la primera vez que un juez pide que testifique un etarra que podría encontrarse todavía activo sin solicitar primero su detención. También por el hecho de que tenga que ser un terrorista quien avale la versión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Otras de las diligencias ordenadas ayer por el juez son: que vuelvan a testificar dos funcionarios de Policía; citar a un periodista que mantuvo una conversación «relevante» con uno de los imputados; una «mayor indagación» (planos, croquis, estudios fisionómicos o cintas) para descubrir la identidad de la persona que pasó el teléfono a Elosúa asegurándole que al otro lado de la línea querían hablar con él, o una ampliación de la pericial teléfonica. Respecto a la comisión rogatoria de Le Vert, el juez coincide con el fiscal en que no aporta nada nuevo. De los nueve folios que se mantienen en secreto nada dice.