Zapatero frenará el cierre de Garoña a cambio de un gran «pacto social»

El objetivo es «el mantenimiento del empleo» en un sector tan estratégico como es la energía, y así se lo han pedido CC.OO. y UGT en las últimas reuniones del diálogo social, afirmaron estas fuentes. La fecha de cierre prevista para la central nuclear burgalesa es el 1 de abril de 2013, después de que en 2009 se le concediera a la planta una prórroga temporal de cuatro años.

Frente a la determinación de Moncloa de frenar el cierre de Garoña, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, sorprendió ayer al señalar que la decisión de clausurarla en 2013 es «firme» y que, aunque el Gobierno esté dispuesto a prorrogar la vida de las plantas nucleares, esto no tiene que afectar a la burgalesa. En 2009, Sebastián fue uno de los defensores de la prolongación del funcionamiento de Garoña durante diez años. Precisamente, acaba de incorporar a su equipo como nuevo secretario de Estado de Energía a Fabrizio Hernández, uno de los consultores que firmó en marzo de 2010 un informe pericial encargado por Nuclenor —propietaria de Garoña— que cifraba en 951,4 millones las pérdidas y el lucro cesante que ocasionaría el cierre de la instalación en julio de 2013, sosteniendo que la central estaba en condiciones de operar hasta 2019. Este informe lo elaboró como director asociado de Nera Economic Consulting.

El acuerdo que negocia el Gobierno con los agentes sociales, que empezó abordando la edad de jubilación y el futuro de las pensiones, se ha abierto en los últimos días a otros temas, como el desarrollo de la reforma laboral, la negociación colectiva, las políticas activas de empleo y las estrategias industrial y energética. Sin embargo, tanto CC.OO. como UGT negaron en la tarde de ayer que hubieran cedido a la pretensión del Ejecutivo de elevar la edad de jubilación a los 67 años a cambio de prolongar la vida de las centrales nucleares. En su opinión, «ni hemos propuesto este tema ni se ha hablado de ello».

La idea, según fuentes de ambos sindicatos, «no tiene el más mínimo fundamento», e incluso señalaron que cuando se ha hablado de ampliar las negociaciones a cuestiones como la industria o la energía no se ha entrado en detalle «y mucho menos» sobre el futuro de las centrales nucleares. «Si ya dijimos que no estamos dispuestos a cambiar cromos», en alusión a un posible acuerdo a cambio de endurecer el despido colectivo por pérdidas económicas, «mucho menos lo estamos en esta ocasión», señaló Fernando Lezcano, portavoz de CC.OO. También subrayó que la negociación de las pensiones «no puede ser objeto de cambalaches» .

Sobre la posición del Gobierno sobre la energía nuclear, hay que recordar que el recién nombrado portavoz parlamentario socialista para el «pacto social», Jesús Caldera, se ha manifestado contrario al mantenimiento de estas centrales, tanto a título personal como vicepresidente de la Fundación Ideas, el laboratorio ideológico del PSOE.

Además, la Ley de Economía Sostenible, que actualmente se tramita en el Senado tras aprobarse en el Congreso a finales de diciembre, ampliará el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas las centrales nucleares, un punto que sirvió para justificar el cierre de la planta burgalesa de Garoña, que ahora el Gobierno ha decidido replantearse a cambio de un gran «pacto social».

Respecto a las negociaciones, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, dijo que es «urgente» hacer las reformas. «La situación es crítica y hay que ir hacia adelante, por lo que haremos lo que haga falta aunque nos “quememos” por el camino», añadió.