La segunda filtración de WikiLeaks revela crímenes de guerra en Irak

Los documentos, cuyo embargo ha sido prematuramente roto por la cadena de televisión Al Yazira, ponen de manifiesto que las autoridades de Estados Unidos no han investigado debidamente cientos de denuncias sobre abusos, torturas, violaciones e incluso asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad de Irak. Se trataría de un patrón de conducta criminal por parte de policías y militares iraquíes que podría caracterizarse como sistemático y totalmente impune.

Entre los informes sobre abusos de prisioneros en Irak, en algunas instancias respaldados con evidencias médicas e incluso informes de autopsias, se describe el uso de latigazos, puñetazos, patadas y descargas eléctricas. Prácticas de tortura que, en al menos media docena de casos, habrían provocado la muerte de detenidos bajo la custodia de las fuerzas de seguridad iraquíes.

El pasado mes de diciembre, militares de EE.UU. en Irak habrían llegado a recibir un vídeo con la presunta ejecución de un prisionero en la localidad de Tal Afar. Según el correspondiente documento explicativo, «las imágenes muestran aproximadamente a doce soldados del Ejército de Irak. Diez de esos soldados estaban hablando entre sí mientras dos sujetan al detenido, que tiene sus manos atadas... Las imágenes muestran a los soldados sacando al detenido a la calle, empujándole al suelo, pegándole y disparándole».

El informe sobre el vídeo habría llegado a identificar a uno de los responsables de esta ejecución sumaria. Pero los documentos de WikiLeaks apuntan a la existencia de una política formal que ignora ese tipo de acusaciones. Con la costumbre de pasar esos informes acusadores a las mismas unidades iraquíes implicadas en ese tipo de violencia. Y la consigna de que «no se necesita una investigación» a diferencia de los casos donde están implicadas fuerzas aliadas.

Este nuevo aluvión de material confidencial del Pentágono también pone de manifiesto que más de 15.000 civiles iraquíes han perdido la vida en incidentes no reconocidos oficialmente. Aunque EE. UU. ha insistido en no mantener estadísticas de víctimas civiles en la guerra de Irak, los documentos indican la existencia de esos números, con un total de 109.000 muertos entre 2004 y 2009. De ellos, 66.081 serían no combatientes, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el grupo «Iraq Body Count» a partir del material obtenido por WikiLeaks.

Durante la última semana, el Pentágono ha anticipando esta masiva filtración de documentos confidenciales por parte de WikiLeaks, que el pasado mes de julio ya divulgó 91.000 informes sobre la guerra de Afganistán. Material que confirmó la pesimista situación de ese conflicto en el contexto de los redoblados esfuerzos impulsados por la Administración Obama.

La segunda ofensiva de WikiLeaks, que viene acusando al gobierno de EE.UU. de interferir con sus actividades con tácticas de desprestigio y bloqueo de sus fuentes de financiación, se produce en un momento especialmente delicado para Irak. Con sus partidos políticos divididos a la hora de formar un gobierno de coalición en Bagdad y el Pentágono intentando reducir al mínimo su presencia militar para finales del 2011.

Ante estas circunstancias, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha llegado a destinar un contingente de 120 personas a la misión de revisar sus bases de datos comprometidas en anticipación de posibles daños tanto a sus operaciones como a sus colaboradores. Y también se ha vuelto a solicitar a WikiLeaks que devuelva todo ese material, ya que su publicación supone un peligro injustificado para las Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia americanos. Para hoy, el portal de internet dirigido por Julian Assange tiene convocada una rueda de Prensa en Londres.

Por su parte, la Justicia militar de Estados Unidos también sigue persiguiendo el presunto papel de «garganta profunda» que habría podido tener el soldado Bradley Manning, destinado como especialista de inteligencia en Bagdad. El militar, en estos momentos encarcelado en una base de los «Marines» en Virginia, se enfrenta a una corte marcial y una pena de medio siglo de cárcel.