Huelga salvaje

ALREDEDOR de dos millones de personas sufrieron ayer las consecuencias de la huelga ilegal e ilegítima impuesta por los sindicatos en el Metro de Madrid. Ningún derecho puede ejercerse sin respetar los límites. Si bien no existe una ley orgánica reguladora de la huelga, la propia Constitución y la jurisprudencia del TC establecen con toda claridad la exigencia de respeto a los servicios esenciales a la comunidad, como es el caso del transporte urbano en la capital de España. El incumplimiento de los servicios mínimos sitúa fuera de la ley a los promotores de esta huelga salvaje. Bien está que el ministro José Blanco pida responsabilidad a los sindicatos, pero hace falta ir más allá de las simples palabras, de manera que el Ministerio Fiscal debería actuar de oficio ante la probabilidad de que se estén produciendo actos delictivos.

Estamos ante un verdadero sabotaje cuya víctima principal son los ciudadanos, que asisten indignados al ajuste de cuentas de los sindicatos con el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre, al tiempo que envían un mensaje de advertencia con vistas a la huelga general prevista para septiembre. Se trata de un desafío muy serio frente al cual los poderes públicos tienen que reaccionar de forma contundente para garantizar el respeto a las leyes y a los derechos de los ciudadanos. Después de largos meses de complicidad hacia el Gobierno socialista, los líderes sindicales pretenden ahora hacerse notar utilizando a los madrileños como rehenes de sus maniobras oportunistas. Para colmo de males, lejos de recapacitar, se anuncia para hoy la continuación de la huelga salvaje, lo que exige la adopción de medidas urgentes y eficaces para que los servicios públicos funcionen con la normalidad exigible.