Retrasar la jubilación sólo cubrirá un tercio del déficit futuro del sistema

En cualquier caso, con el nuevo límite de los 67 años, cada ejercicio de menos supondría un ahorro de 5.300 millones, es decir, alrededor de un 0,5% del PIB. La Seguridad Social ingresó en 2009 algo más de 100.000 millones y, puesto que la vida laboral media de los españoles es de 34 años, cada año de cotización extra supone unos 3.000 millones adicionales. En paralelo, el sistema repartió el año pasado 90.000 millones entre los jubilados, que perciben una jubilación durante unos 17 años, de lo que resulta el ahorro de unos 5.300 millones anuales.

Pero la preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones también ha llegado a la Comisión Europea, especialmente tras el aumento de la esperanza de vida y la reducción de los ingresos del Estado como consecuencia de la crisis. En cuanto al nivel de las pensiones, desde Bruselas se analiza el porcentaje de gasto en términos de PIB.

Así, en el caso de España en 2007, ultimo año en el que hay estadísticas agregadas para todos los países, el gasto ascendió al 8,4% del PIB, frente al 11,1% de la media de la Eurozona. Ni que decir tiene que los países de nuestro entorno dedican muchos más fondos al gasto en pensiones, como es el caso de Francia, con el 13% de su PIB o Alemania, con el 10,4% de su riqueza nacional.

Insostenible a largo plazo

El movimiento del Gobierno español de retrasar la edad de jubilación no es ni mucho menos casual ya que desde varios organismos internacionales se llevan pidiendo este tipo de reformas desde hace años. La CE, por ejemplo, ya había alertado a España sobre la insostenibilidad de su sistema a largo plazo ya que, según sus cálculos, con el nivel actual, en 2060 el coste se elevaría en un 6,7% más en términos de PIB, lo que incrementaría el coste total al 15,1% del PIB, una cifra considerada insostenible.

Pensiones complementarias

La idea de alargar la vida laboral y de endurecer las condiciones para acceder a una pensión pública fueron dos de las ideas que ya barajó la UE en 2005, bajo presidencia de Reino Unido. Desde Bruselas se han fomentado también los regímenes de pensiones complementarios, gestionados por el sector privado.

Se trata de transferir parte de las cotizaciones de los regímenes públicos a otros obligatorios y financiados por capitalización. Hasta la fecha, este sistema de capitalización es aún poco importante en el conjunto del sistema, si bien se espera que de aquí a unos años aumente su peso. De hecho, Países como Dinamarca, Holanda, Reino Unido e Irlanda tienen ya en marcha un sistema de pensiones profesionales privadas.