Del Índico al Magreb

CUANDO aún no se han extinguido los ecos del secuestro del buque «Alakrana», tres cooperantes españoles de la ONG catalana Acción Solidaria han sido secuestrados en Mauritania por un grupo que el Gobierno español considera integrado en la red de Al Qaida. Si esta autoría se confirmara, se abriría un nuevo frente conflictivo al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, enfrentado a otro secuestro sobre cuya resolución podrían pesar muchas de las palabras dichas para justificar la gestión de la crisis del «Alakrana». Tampoco está confirmado que los secuestradores hayan elegido a los cooperantes por su nacionalidad española. Si así fuera, la gravedad del hecho se cualificaría porque habría una intencionalidad directa contra España. En todo caso, la creación de un brazo terrorista de Al Qaida para el Magreb, en el que se integró la mayoría de grupos armados que operaban autónomamente en la región -fundamentalmente en Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez-, siempre tuvo una peligrosa proyección sobre nuestro país. No se puede ignorar que la reivindicación islamista de Al Andalus está presente en las principales declaraciones de sus ideólogos, como Ayman Al Zawahiri, «número dos» de Al Qaida, y otros cabecillas del entramado creado por Osama Bin Laden. Por desgracia, no puede obviarse tampoco el precedente del atentado que acabó con la vida de siete turistas españoles en el Yemen, en julio de 2007.

Hay que confiar en que los servicios de inteligencia españoles dispongan de información que permita al Gobierno tomar medidas urgentes para lograr la liberación de los secuestrados. La zona es estratégica para la seguridad nacional y, por eso, es razonable presumir que el Ejecutivo cuenta con canales de información fiables y rápidos. Además, la amenaza integrista nunca ha cedido, aunque parezca que está recluida a Afganistán, Irak y Pakistán. Es una sombra que se cierne sobre todas las democracias occidentales y que genera reacciones de temor y rechazo, como se ha visto en Suiza, tras la aprobación por referéndum de la propuesta de prohibir la construcción de nuevos minaretes en las mezquitas.

En todo caso, la gestión de este nuevo secuestro demostrará si el Gobierno ha aprendido algunas de las lecciones del «caso Alakrana», como la necesidad de coordinarse internamente, de transmitir mensajes coherentes y de tratar con respeto a la opinión pública.