Torturas y guerras

EL presidente de Estados Unidos no va a poder pasar página sobre las denuncias por abusos y maltrato a los presos acusados por terrorismo y detenidos en Irak y Afganistán. El Departamento de Justicia ha recomendado al fiscal general, Eric Holder, que reabra algunas investigaciones, ya archivadas, por posibles torturas que desembocaron en la muerte de presos. Además, ayer también se hizo público un informe interno de la CIA, redactado en 2004, que ya recogía casos de abusos contra prisioneros. Lo más probable es que estos nuevos datos den paso a la designación de un fiscal especial que determine si hay o no motivos para presentar cargos. Otra cosa será identificar a los responsables, lo que no podrá hacerse sin llamar a declarar a altos cargos de la etapa de George W. Bush, toda una contrariedad para Obama, quien, después haber animado con sus propuestas electorales esta depuración de responsabilidades, cambió de criterio para defender un punto y final. No será fácil para la Fiscalía dirigir sus acusaciones contra colaboradores de Bush ni, menos aún, contra los militares encargados de los interrogatorios. Estados Unidos sigue en estado de guerra en Afganistán, donde los aliados no consiguen doblegar a los talibanes por falta de tropas y estrategia. Para Obama, ganar en Afganistán -la guerra «buena», frente a la guerra «mala» que fue la de Irak- es una prioridad. Su deseo de no remover el pasado responde, sobre todo, a la perspectiva de quien es comandante en jefe -ya no candidato a la presidencia- de un Ejército en guerra y de quien sabe que una nueva oleada de testimonios e imágenes sobre torturas causaría un terrible efecto emocional en el mundo musulmán.

Sin embargo, Estados Unidos es una democracia basada en la separación de poderes y el Estado de Derecho. La revisión legal de los abusos y torturas se enmarca en la aplicación de las leyes de ese país, a través de las instituciones que tienen competencia para hacerlo. La lucha contra el terrorismo no justifica cualquier medio y es un grave error pensar que el respeto a las garantías y los Derechos Humanos merma la eficacia en la persecución y castigo de los terroristas. Los problemas políticos que pueda provocar la iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos son otro capítulo que corresponde resolver a Obama, ahora dispuesto a crear un nuevo cuerpo de interrogadores y cuya falta de criterio uniforme en este grave asunto ha contribuido a sembrar confusión y a no controlar bien los tiempos de una polémica sobre los métodos antiterroristas que, en todo caso, iba a producirse en cuanto accediera a la presidencia.