La «Operación Palmera» pone en jaque al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Bajo estas premisas, el Juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana ha citado a declarar mañana, en calidad de imputados, a Antonio Alemán Bordón (presidente de la Asociación Agraria El Águila) y Agustín Ángel Domínguez (administrador solidario de la empresa Machacadora Domínguez).

Además, el juez ha solicitado al consistorio del sureste, en un auto del 29 de mayo pasado, que facilite la documentación correspondiente a la autorización municipal de segregación de las parcelas conocidas como Doctoral 11, 12 y 13, así como los correspondientes informes favorables emitidos por los técnicos municipales, terrenos a la postre anexionados al perímetro configurado para el Parque Eólico.

La «Operación Palmera» se originó el 9 de mayo de 2007con la denuncia interpuesta por el candidato del centro de Ansite-CCN, Rufino Pérez, ante la Guardia Civil, a raíz de una tramitación urbanística que consideró constitutiva de delito.

La Benemérita encontró así el eslabón necesario para iniciar las investigaciones correspondientes a un trama de considerables magnitudes que, según fuentes de la investigación, podría trascender a la Península y al extranjero.

Los fondos de la UE, clave

Con el objetivo de conseguir de los fondos que facilitaba la Unión Europea a las zonas ultraperiféricas (como es el caso de Madeira, Azores y Canarias), el consistorio gobernado por Nueva Canarias presentó un proyecto de Parque Eólico que, ante las instancias comunitarias (y ante el Concurso eólico convocado por la Consejería de Industria y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias), puntuaba más si se ubicaba en terreno público.

Sin embargo, el ayuntamiento no tenía acceso a suelo público, por lo que -según las investigaciones que la Guardia Civil entregó al juez y a las que ABC ha tenido acceso-, elaboró una serie de convenios en 2005 con ciertas empresas (Machacadora Domínguez, I. C. La Mareta y S. Agraria de Transformación El Águila) para conseguir la cesión de unos terrenos privados para evitar así la expropiación, que hubiera dilatado los plazos de ejecución (perdiéndose así las subvenciones).

Además, la Corporación local se apropió de otros espacios vulnerando los derechos de los ciudadanos y, en algunos casos, por medio de maniobras coercitivas. Tal fue la cantidad de irregularidades que se habían originado en este caso que el Ejecutivo regional acabó por anular la convocatoria del concurso el 28 de junio de 2006. Sin embargo, la lista de presuntos delitos es tan dilatada que tanto las instancias judiciales como la Guardia Civil continúan agilizando su labor.

Terrenos privados

Ante las diligencias realizadas por el Instituto Armado, se comprobó la existencia de escombros en uno de los terrenos en los que se iba a construir el famoso Parque Eólico. Un espacio que pertenecía a Domingo Santana Espósito, que al fallecer (y a pesar de que la vivienda pasaba a manos de la viuda y de los hijos) el Ayuntamiento procedió sin aviso previo al derribo del inmueble, alegando como causa que por dicho área iba a pasar una vía, según el PGOU. Además, en la zona de Majada Ciega (Sardina), se llegó a emplear medidas de coacción para que cediera su vivienda, después de que intentaran robar en dicho inmueble en las jornadas precedentes.