Enésima improvisación

28/11/2008 a las 02:50h.

LA eficacia del nuevo plan de choque presentado por el Gobierno contra la crisis va a depender no sólo de su adecuación a las necesidades de la reactivación productiva, sino también del crédito político del Ejecutivo entre los agentes económicos y sociales. El presidente comprobó ... ayer en el Congreso, donde anunció el nuevo paquete de medidas, el nivel de desgaste político que ha sufrido no tanto por los efectos de la crisis, sino por su empeño en negarla primero y en minimizarla después, para, al final, aceptar que existe y es grave. La contundente réplica de Mariano Rajoy se aproxima más al diagnóstico del ciudadano que el optimismo impenitente de Rodríguez Zapatero. El líder popular tachó la política del Gobierno como un «desbarajuste», calificativo que resume la cadena de planes de choque que ha anunciado el Ejecutivo sin haber logrado inspirar confianza a los mercados, frenar la sangría de empleos ni reanimar la actividad crediticia. Rajoy acertó al prevenir al jefe del Ejecutivo de que ya no puede seguir cubriéndose con la internacionalización de la crisis, porque la que sufre España -desempleo, déficit, competitividad limitada- tiene causas propias.

La falta de una estrategia de reformas estructurales hace que las medidas anunciadas sólo puedan aspirar a un efecto paliativo, pero no curativo. Sin reformas del sistema fiscal, del mercado de trabajo y del orden financiero será difícil aprovechar esta crisis para relanzar la economía sobre bases más sólidas que resistan mejor futuros ciclos bajistas. Nada dijo Zapatero de esas reformas, y si es cierto que el margen para las rebajas fiscales es «estrecho», como dijo ayer mismo el vicepresidente económico, Pedro Solbes, el escenario de mayor déficit público e incremento de la presión fiscal descrito por Rajoy se convierte en la expectativa segura para la economía española. Lo que tiene que explicar el Gobierno es por qué una economía teóricamente tan saneada como la española ha perdido tan súbitamente su capacidad de maniobra fiscal. El Gobierno vuelve a apostar por un incremento de la inversión pública como única receta contra la destrucción de empleo. En sí mismo no es criticable, siempre que forme parte de un plan más ambicioso. Pero parece que es lo único que está dispuesto a ofrecer a la sociedad. La transferencia de 8.000 millones de euros a las Administraciones locales para que propicien 300.000 puestos de trabajo con obra pública es, además de una previsión voluntarista, perseverar en la idea de que el Estado se convierta en el empleador de quienes pierden su empleo, en vez de establecer condiciones para que esa enorme cantidad de dinero circule, con la supervisión del Estado, por los cauces de la financiación a las familias y empresas, que son las fuentes estables de empleo y producción. Bien puede estar que las Administraciones públicas actúen como impulsores de actividades económicas a corto plazo y en ámbito limitado, pero siempre en una estrategia general que acepte que los fundamentos de la recuperación de la economía están en manos de las empresas y de los ciudadanos.

Es cierto que Zapatero ha atendido la recomendación del G-20 de aplicar políticas internas a las crisis nacionales, pero además de hacer caso al foro de Washington, hay que acertar en las propuestas. Todo suena a improvisación y a falta de audacia para abordar reformas radicales que dinamicen la economía. El endeudamiento del Estado tiene un límite; el mercado laboral no puede mantener rigideces que aceleren el desempleo, con previsiones de hasta el 17 por ciento en 2009; los grandes sujetos económicos -banca, construcción, automóviles- deben recibir ayudas que reviertan en el ciudadano. Los empresarios sigue denunciando las restricciones al crédito a pesar de la política de avales del Gobierno a las operaciones bancarias. Y pese a la ausencia de resultados y a los fallos de las previsiones sobre las cifras macroeconómicas, el Gobierno es contumaz en el inexplicable mantenimiento de unos Presupuestos Generales para 2009 que está tan desbordado y desmentido por los datos de la crisis como el propio Ejecutivo.