Entrevista
«Quien diga que los jueces o fiscales españoles somos machistas no sabe nada de nosotros: el 65% son mujeres»
El fiscal sevillano Javier Rufino, número 2 de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, dice que «todos deberíamos tener claro lo que es la separación de poderes» aunque sostiene que los jueces «no se someten a presiones políticas ni mediáticas»
«En España crece la delincuencia y la litigiosidad y tenemos la mitad de jueces y fiscales que la media europea»
El sevillano Javier Rufino es fiscal desde 1990 y actual «número 2» de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. Pasó por las fiscalías de Barcelona, Cádiz y Sevilla, donde ejerció durante 22 años, y estuvo destacado en la oficina ... española de Eurojust en La Haya. Fue especialista en menores, vigilancia penitenciaria, contencioso-administrativo y, principalmente, en medio ambiente, entre otras materias. Aprendió el oficio en Barcelona con Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal de Anticorrupción, que le decía que había que perseguir la «criminidad de metralleta», pero también «la criminalidad de moqueta». Una de las mayores preocupaciones profesionales de Rufino es que los fiscales estén cerca de las personas vulnerables, especialmente menores, discapacitados, personas mayores e inmigrantes que sufren explotación: «Hemos avanzado mucho, aunque aún queda camino por recorrer», dice.
-Decía Kapuscinski que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. ¿Cree que eso es aplicable a los fiscales?
-Sí, creo que el fiscal tiene que ser una buena persona y que tiene que aprender a ponerse también en el lugar del delincuente. Hay una frase de la película «Metrópolis» que dice que «el mediador entre el cerebro y las manos debe ser el corazón». Un fiscal que no tenga en cuenta que ese delincuente al que debes acusar no ha tenido las mismas oportunidades que tú, creo que no será un buen fiscal. Tenemos que proteger a las víctimas pero también ponernos en los zapatos del delincuente.
-¿De los drogadictos, por ejemplo?
-Sí. Muchos drogadictos son enfermos mentales y la legislación ofrece muchas posibilidades para que tengan la oportunidad de rehabilitarse. Se contemplan atenuantes y suspensiones de condena aplazadas en el tiempo con posibilidades de reinserción. No es ninguna casualidad que el perfil habitual del delincuente sea el de una persona excluida socialmente.
-¿Qué aprendió con Jiménez Villarejo?
-Muchas cosas. Destacaría ahora la idea es que es tan malo para la sociedad que se ataque a la vida y hacienda de las personas como que se ataque a los intereses públicos. Villarejo era un gran perseguidor de la corrupción y recuerdo que me decía que está muy bien que persiguiera al tironero o al traficante de drogas, pero que persiguiera también la explotación laboral. A principios de los años 90 había mucha siniestralidad laboral y me decía en un asunto «Rufino, aquí te tienes que justificar».
-La defensa de los intereses públicos, en lo que afecta a la corrupción, está ahora de mucha actualidad. Se va suprimir el delito de sedición y se habla de reformar el de malversación de caudales públicos ¿Cree que el ciudadano entiende estas reformas del Código Penal?
-Tengo mi opinión pero por el cargo que ocupo no debo expresarla públicamente. Los códigos penales no los reforma el Poder Ejecutivo sino el Poder Legislativo, aunque la propuesta parta del Gobierno.
-Para la supresión del delito de sedición se ha utilizado un procedimiento «exprés» que evita informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado el Consejo General del Poder Judicial.
-Este procedimiento entra dentro de nuestra legislación y es perfectamentelegal, aunque deberá ser aprobado por el Congreso.
-¿Es bueno que el Código Penal se reforme con procedimientos «exprés»?
-No es algo de mi competencia como fiscal. El Código Penal se ha reformado mucho en los últimos tiempos porque la sociedad también cambia mucho y muy rápido. Existen nuevas percepciones sociales y hay cambios de mentalidad sobre materias como violencia de género, trata de seres humanos, extranjería, delitos de odio y muchos otros.
-¿Y no crea cierta inseguridad jurídica en los jueces y fiscales tantos cambios penales?
-En parte, sí, pero ése es el signo de los tiempos. Parece que todo cambia a velocidad de vértigo.
-La aplicación de la lamada «ley del sí es sí» ha provocado los insultos de la ministra de Igualdad a jueces y fiscales. ¿Es admisible que un poder del Estado presione a otro de esa manera?
-Ni los jueces ni los fiscales se dejan influir por las presiones políticas.
-Les han llamado «franquistas», «machistas» y «fachas con toga».
-Franco murió el 20 de noviembre de 1975, es decir, hace 47 años. La edad media de un fiscal o de un juez en España es de 49 años. Muchos estaban gateando cuando murió Franco y otros muchos ni siquiera habían nacido. En los años 90, cuando yo empecé a ejercer como fiscal, la idea de un juez o fiscal franquista era ya algo exótica. El que sostenga eso ahora creo que no está en el mundo o no conoce nada esta profesión. Por otra parte, el 65 por ciento de los fiscales son mujeres y en los jueces se da casi esa misma proporción femenina. Llevo más de treinta años en esto y puedo decir que no he conocido a ningún juez o fiscal que en su ejercicio profesional se comporte de manera machista. El debate que se ha abierto en la sociedad sobre esa ley que menciona se refiere al principio de la retroactividad de la norma más favorable al reo; y eso es algo que está en nuestro Estado de Derecho y que los jueces están obligados a aplicarlo en todas sus resoluciones, dentro de la norma concreta que toque aplicar. Me llama la atención que esto se cuestione esto desde ámbitos políticos.
-Hay jueces y fiscales de derechas y jueces y fiscales de izquierdas. ¿Esa ideología influye en sus decisiones judiciales?
-Cada juez y cada fiscal tiene sus ideas, como cualquier otro ciudadano, pero todos somos muy funcionarios, en el mejor sentido del término, y dejamos fuera nuestra ideología cuando ejercemos nuestra función. Nos guste o no la ley en cuestión, la aplicamos desde que entra en vigor.
-Se les acusa a los fiscales y a los jueces de no tener «perspectiva de genero». ¿Van a tener que estudiar más?
-Como dije antes, el 65 por ciento de los fiscales son mujeres. Y esa cifra es casi la misma en jueces. Todos tenemos un absoluto convencimiento de la igualdad de géneros. Mi jefa es una mujer, y no ha sido la primera, ambas excelentes profesionales, por cierto. No entiendo muy bien esa acusación y prefiero pensar que es fruto del desconocimiento. Quien critique la formación de los jueces o fiscales españoles está fuera de la realidad. Hablamos de un cuerpo de élite con una formación altísima, que se actualiza continuamente. Hoy es más difícil que nunca acceder a la carrera judicial por la exigencia que existe.
-Ahora hay una presión muy fuerte sobre los jueces de la Audiencia de Sevilla para que suspendan el ingreso en prisión de los condenados por los ERE en Andalucía, especialmente del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a expensas de que los indulte el Gobierno.
-Lo único que puedo decir es que me consta que los jueces seguirán en este caso los procedimientos habituales. Y que no sucumbirán en su decisión a ninguna presión política ni mediática, en uno u otro sentido. Ningún juez se somete a presiones externas porque tiene independencia para decidir y el sistema y las leyes le permiten ejercer esa independencia. Si alguien se deja presionar es porque quiere.
-¿Y usted?
-Durante mi carrera nunca he recibido ninguna presión ni ninguna orden por parte de un superior en el ejercicio de mis funciones. Y cualquier fiscal que recibiera una orden ilegal o improcedente puede oponerse a ella. Y esto incluye la retirada de una acusación o la petición de un indulto.
-Supongo que los indultos se concibieron como medidas de gracia para personas muy desfavorecidas que no tuvieron más remedio que delinquir. ¿Cree que el legislador la incluyó para indultar a políticos que cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones públicos?
-La ley del indulto procede de 1870 y los criterios que marca la ley son de utilidad y conveniencia pública, aunque hay determinadas condenas que no se pueden indultar. Son muy genéricos los criterios y no se ha cambiado apenas nada desde hace más de siglo y medio. Es un privilegio o prerrogativa
-Que ningún gobernante ha querido quitar...
-Eso está claro. Si no, lo hubieran quitado.
-¿No cree que se están anulando de hecho importantes sentencias judiciales con el uso que se ha hecho del indulto en esta última legislatura?
-Por definición, el indulto implica una modificación del criterio que se ha establecido en la sentencia. No obstante, es muy excepcional.
-¿No está muy politizada la Justicia?
-En términos generales, no creo que haya politización de la Justicia en el día a día de su funcionamiento. Está claro que hay presiones pero el juez es soberano para dictar sus sentencias, como decía antes. Todos tienen mecanismos para ser libres e independientes. En toda mi carrera nunca he visto a un juez que no haga lo que ha querido con arreglo a la ley. Otra cosa es que pueda equivocarse, pero no por sucumbir a una presión. Somos imparciales pero no infalibles.
-¿Los políticos españoles actuales tienen clara la separación de poderes?
-Hay una tensión permanente entre los tres poderes del Estado pero creo que todos deberíamos tener claro lo que significa la separación de poderes. En Estados Unidos se denomina «check and balances» a este necesario equilibro entre poderes, pero es obvio que esa tentación de influir en los demás poderes existe. Los jueces y fiscales somos conscientes de que estamos sometidos a la libertad de expresión y a las críticas a nuestras resoluciones mucho más que antes. Y también tenemos claro que la transparencia es deseable e imprescindible y que todos estamos sometidos también al escrutinio de la opinión pública y de los medios de comunicación.
-¿Que al fiscal general del Estado lo nombre el Gobierno no le crea una cierta dependencia del Poder Ejecutivo?
-Al fiscal general del Estado lo propone el Gobierno pero antes pasa por un informe del Poder Judicial sobre su idoneidad y luego por la Comisión de Justicia del Congreso. Hay un control efectivo de ese nombramiento. Además, el Gobierno no puede cesarlo libremente salvo por unas causas muy tasadas. Nuestro sistema cuenta, además, con la Junta de Fiscales de Sala, que lo asesora técnicamente. Hay muchos controles para conseguir ese equilibrio y que no dependa del Ejecutivo.
-¿Es más difícil ser fiscal o juez ahora que cuando usted llegó a la profesión?
-Sí. Mucho más. Por la especialización. Eso nos ha obligado a formarnos mucho en campos como medioambiente, corrupción, trata de seres humanos, menores, cooperación internacional, delitos laborales o económicos. Antes el fiscal era generalista y tenía que tratar de todo y corría el riesgo de ser algo así como aprendiz de todo y maestro de nada.
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