Matar al PSOE

Con esos antecedentes, creo que el PSOE ha sido un pilar esencial de la Transición política, desde la dictadura a la democracia, y Felipe González, la persona a quien se le debe el haber introducido a la izquierda en el 'sistema'.

A diferencia de otros países europeos, cuyas izquierdas se introdujeron en los respectivos sistemas políticos mucho antes (el principal, el SPD alemán en Bad Godesberg en 1959), el PSOE tuvo que esperar veinte años, a que llegara Felipe González, para renunciar al marxismo.

Pues bien, con la compañía de la Unión de Centro Democrático, primero, y del Partido Popular, después, el PSOE ha sido un pilar esencial en esa travesía que ha llevado a España a los mejores años de su larga Historia, al menos de los últimos 300 años. Tanto desde el punto de vista de la paz y la libertad como, desde luego, de la democracia y la prosperidad. Desde 1977 el pueblo español ha votado en libertad y nos hemos convertido en una de las democracias más completas del mundo; superior, según los analistas, a las de países como Francia y Estados Unidos.

En efecto, PP y PSOE han sido los dos elementos sobre los que ha caminado la nación española hasta alcanzar las metas presentes. Quizás el uno acertando más en los asuntos económicos, y el otro averiguando mejor los deseos políticos de la ciudadanía. Intentando arañar cada uno votos al otro han llevado la moderación a la ciudadanía, lo que ha hecho posible alcanzar los 30.000 dólares de renta 'per capita' y, sobre todo, tener una convivencia en paz y libertad.

Es verdad que desde hace unos años la aparición de algunos partidos extremistas ha hecho que las dos formaciones políticas gobernantes hayan radicalizado, al menos temporalmente, sus posiciones. La aparente ruptura del bipartidismo (imperfecto por la existencia de partidos nacionalistas) está, a mi juicio, llamada a desaparecer y a desaparecer más pronto que tarde. Los últimos resultados electorales así parecen avalarlo.

Ambos partidos han acreditado en muy diversas ocasiones sentido de Estado, unidad ante los grandes desafíos nacionales y han encarnado el espíritu de reconciliación que la Constitución de 1978 refleja y consagra.

En estas circunstancias, la Ley de Memoria Democrática -aprobada ya en el Congreso y a falta de ser aprobada en el Senado- no sólo presenta un indisimulado tufillo totalitario, sino que pone una bomba de relojería en la indudable trayectoria democrática del PSOE y amenaza la propia subsistencia del partido en un futuro no lejano.

En efecto, pactar con los únicos enemigos violentos del sistema democrático una ley llamada a interpretar obligatoria y unilateralmente la parte más reciente de nuestra Historia, pone al Gobierno (y al PSOE) en la posición contraria a la que ha mantenido durante más de 40 años; poniendo literalmente a los pies de los caballos a las víctimas del terror (algunas muy notables del propio PSOE).

El Gobierno actúa en nombre del pueblo, de todo el pueblo, y no puede pactar con los valedores de unos asesinos de centenares de inocentes que, para más inri, no han pedido perdón. El proyecto de ley habla en multitud de ocasiones de la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, y no tiene empacho en pactar con los herederos de los asesinos, con lo que mancha la dignidad de las víctimas del terror y con ella, la dignidad de todo el pueblo español.

Lo más lacerante es que el ámbito temporal del proyecto de ley llega hasta 1983, con lo que pretende suprimir de un plumazo el que, a juicio de muchos, es el mejor período de nuestra historia: el que encarna y simboliza la reconciliación de todos los españoles que habían tenido, en los 150 años anteriores, nada menos que cuatro guerras civiles, siendo además un modelo pacífico (exaltado por todo el mundo) de transición desde una dictadura a una democracia.

Los que vivimos aquellos años pudimos contemplar, con lágrimas en los ojos, los acuerdos, tras dificultosas negociaciones, de quienes habían sido enemigos irreconciliables. Les vimos alcanzar acuerdos con un fin común que culminó en la Constitución de 1978, casi la única de nuestra historia contemporánea que no puede ser considerada fruto de un determinado grupo político (progresista, conservadora, etcétera) pues lo fue de todo un pueblo. Que eso se quiera suprimir ahora como resultado, ni más ni menos, que de un pacto con los herederos del terror no tiene nombre, pues si lo tuviera, sería impronunciable.

Además de estas consideraciones morales, no debemos olvidar que puede tener un efecto electoral catastrófico para el PSOE, en la estela de lo que viene sucediendo en las últimas elecciones autonómicas. Que el gobierno del PSOE con menos respaldo popular se apoye en las minorías más rechazadas por el pueblo español (radicales, independentistas y, sobre todo, filoterroristas) no puede conducir sino al fracaso y al descrédito.

Me cuesta trabajo pensar que no haya muchos socialistas que no repudien esta norma. No estamos hablando de una subida o bajada de impuestos, estamos hablando de lo más sagrado de nuestra democracia: la memoria (¿democrática?) de unas víctimas inocentes de la barbarie terrorista a la que se intenta blanquear.

¿Merece la pena matar al PSOE para mantenerse en el Gobierno?