Castilla y León mantiene su «sobresaliente» en dependencia

Castilla y León es la única comunidad que revalida su «sobresaliente» en la atención a la dependencia, según el informe que ha hecho público este viernes la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En concreto, la comunidad castellano y leonesa obtuvo un 9,2, casi «20 puntos» por encima de la media del conjunto de España, que «suspende» en el mismo informe, con un 4,72.

Además, Castilla y León supera en casi dos puntos a la autonomía con la segunda mejor nota, el País Vasco, que obtiene un 7,5, similar a Andalucía, con un 7,1. Durante la rueda de prensa, el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez Navarro, destacó la evolución de estas tres autonomías en la aplicación de la Ley de Dependencia, mientras la mitad de las comunidades suspenden, caso de Canarias, Valencia, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, en este caso por primera vez. «Hay una tendencia generalizada negativa en los últimos meses», subrayó el portavoz de la asociación, que en su opinión se reflejará en los datos del próximo barómetro. Castilla y León todavía mantiene un sistema notable a pesar de los brutales recortes del Gobierno», resaltó Ramírez, haciendo especial hincapié en ese «todavía».

A juicio del consejero de la Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, los datos demuestran que los expertos avalan el modelo de atención profesional por el que ha apostado Castilla y León y lo ven como el «mejor». Y eso, ha puntualizado, a que el informe llega dentro de la prolongada crisis y con los recortes en marcha. «Ya no es casualidad» que la región se sitúe «a la cabeza». «Todas baja y Castilla y León sigue sacando sobresaliente», ha recalcado De Santiago-Juárez, quien también ha destacado el hecho que que «duplicamos» la nota media del país.

En esta buena nota, el consejero ha destacado la labor de los prefesionales que atienden a los dependientes, en este momento hay 66.108 personas que reciben prestación, lo que supone el 95,5% de las que tienen derechos, «casi 20 puntos» por encima de la media del conjunto de España.