Paulino Rivero advierte fisuras en su batalla y pide «unidad» contra el petróleo

Rivero compareció en público junto con su vicepresidente, el socialista José Miguel Pérez, y los presidentes de los cabildos de Lanzarote, Pedro San Ginés; y de Fuerteventura, Mario Cabrera. Además, fueron ubicados en la primera fila de espectadores al «sencillo acto» —así lo definió el presidente— representantes de grupos ecologistas, como Seo Birdlife , Ben Magec y Equo, entre otros, aunque no se les dio la posibilidad de hacer uso de la palabra.

A su lado y como anfitrión de estos grupos, se sentó el comisionado para el Autogobierno, Fernando Ríos, que sobre el final de la comparecencia tuvo que dirigirse a los periodistas, para resolver una pregunta que los principales ponentes no podían evacuar. Se trataba de confirmar o no si ya se habían presentado alegaciones por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, tal y como minutos antes había asegurado la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento.

Ríos detalló que no se trataba de una alegación en sentido estricto, sino de una «denuncia» de que el expediente estaba «incompleto», lo que impide hacer unas alegaciones «de fondo» y «rigurosas».

En la misma línea se expresó, de alguna manera, José Miguel Pérez, quien dio a entender que la del gobierno regional sería una enmienda a la totalidad del informe de impacto ambiental para las prospecciones petrolíferas.

Así, manifestó que Repsol ha presentado un informe que, bajo la denominación de estudio de impacto medioambiental, «pretende ser tal cosa», que todavía «está por elaborar» y que se encuentra «lejos de tener dicha condición, ya que no se trata de un informe de impacto ambiental que se ajuste a los preceptos de una normativa recogida en los reales decretos». Del mismo modo, repitió el argumento del lunes pasado, cuando reclamaron que constasen los DNI de quienes firmaban el informe, algo que Repsol desmintió posteriormente.

El informe «carece de identificación subjetiva concreta», sostuvo, ya que cuando alguien hace un estudio de estas características debe ser indentificada la autoría de quienes lo presentan. «En ningún caso ocurre tal cosa y entendemos que, ni siquiera desde el punto de vista administrativo esto se cumple», según el vicepresidente.

Pese a que en un principio se había comprometido a presentar las alegaciones a finales de agosto, el presidente canario ayer dio a entender que se tomarían hasta el último minuto para elaborarlas, algo que iba en línea con las palabras de Pérez, que en más de una ocasión se refirió a la extensión del informe como una dificultad para redactar estos textos: «Son más de mil páginas», dijo el académico.

El llamamiento a la «unidad» con que concurrieron al acto —y que aparece como una respuesta a la falta de interés en el asunto petrolero de algunos compañeros de partido—, se reforzó con la invitación a la ciudadanía en general y a quienes se pudieran sentir afectados por las exploraciones en busca de petróleo para que presenten también sus alegaciones, para lo que tienen plazo hasta el 25 de septiembre.