Huelga sin ley

En la huelga de transportes de Baleares, que ha retenido en los aeropuertos de las islas a decenas de miles de turistas, han fallado dos cuestiones fundamentales: el modelo de Estado y el cumplimiento de los servicios mínimos. Sobre el primer aspecto conviene dejar claro que la competencia exclusiva sobre el servicio de transportes es del Gobierno balear y que lo que está en juego, por tanto, es la aceptación del modelo autonómico. En el turismo, como en las «vacas locas», los problemas sanitarios o los incendios, las autonomías tienen que asumir sus responsabilidades. Aprovechar los elementos comunes para confundir a la opinión pública, como ayer hizo Zapatero al arremeter contra el Gobierno por no defender la imagen de España, es poner en cuestión el modelo territorial. Los Gobiernos autonómicos no pueden quedarse simplemente para colgarse las medallas.

Es también el Ejecutivo regional el único responsable de no haber fijado y vigilado el cumplimiento de unos mínimos que aseguraran el funcionamiento de un servicio público que se considera esencial. Apelar en este caso al derecho de huelga es querer echar balones fuera. Con la ley en la mano, se puede sancionar a aquéllos que vulneren dichos servicios e, incluso, si es menester pedir ayuda a las Fuerzas de Seguridad para impedir que los «piquetes» puedan boicotear el cumplimiento de estos servicios. El paro de Baleares es la historia de una huelga sin ley.