Colza, aprender del pasado

Hoy se cumplen veinte años de la muerte, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, del niño Jaime Vaquero, al que se considera la primera víctima del envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado. Veinticinco mil afectados, más de un millar de muertos y casi dos décadas de litigio han hecho de ese asunto la mayor crisis alimentaria que se recuerda en España. Sobre este caso se aglutinan cifras de dimensiones mareantes: ha sido una de las vistas orales más largas de la historia (de marzo de 1987 a junio de 1988) y en ella comparecieron, en un pabellón habilitado al efecto, 1.500 testigos, 200 peritos y 38 procesados; para estos últimos el fiscal solicitó más de 60.000 años de cárcel. Estos números dan perfecta cuenta de las dimensiones de aquella tragedia, que además de conmover y alarmar a España entera, aún hoy sigue abierta, dos décadas después de que comenzase a distribuirse aquel veneno en botellas y tras dos juicios y una resolución del Tribunal Supremo que elevaba las penas impuestas por el Tribunal juzgador. Del medio billón de indemnizaciones que se calcula que el Estado tendrá que pagar apenas se han abonado hasta el momento 143.000 millones, ya que de las 18.287 solicitudes presentadas por los afectados sólo se han resuelto unas 7.000.

La sanidad constituye una de las primeras exigencias de los ciudadanos en las sociedades desarrolladas al afectar a uno de los derechos y valores más básicos como es la salud y el bienestar del individuo. Por ello, las autoridades han de tupir la cadena alimentaria con una red de controles que evite la repetición de casos como este, cuyas consecuencias sigue pagando la sociedad. Aunque más cara fue la factura para el millar de muertos y las decenas de miles de afectados (con enfermedades que les han provocado minusvalías de mayor o menor severidad) que sufrieron esa falta de control sanitario. Por ello, ha de agilizarse la resolución de los expedientes y el cobro de las indemnizaciones que la Justicia determine pertinentes.

Las secuelas de aquel caso, y el alto precio pagado por la sociedad, nos debe hacer reflexionar sobre las consecuencias que mañana podrían tener lo que hoy nos pueden parecer crisis en estado embrionario, como la de las «vacas locas». El «más vale prevenir que curar», refrán aplicable a cualquier ámbito, se inventó precisamente para asuntos que tenían que ver con la salud, y por eso todas las cautelas que la Administración está tomando con la encefalopatía espongiforme bovina y en otros asuntos similares son pocas. La reciente aprobación de la Agencia de Seguridad Alimentaria es una buena noticia que contribuye a afianzar los controles en la cadena alimentaria y que coadyuvará para que no se repita el trágico y lacerante caso del envenenamiento de veinticinco mil personas.