Hackers bloquean la web de citas de extranjería del Gobierno para venderlas a inmigrantes

La situación lleva así años y desde el Gobierno central no se ha hecho nada para solventar este agujero negro, donde navegan mafias sin escrúpulos («no tienen por qué ser especialmente expertos en informática») que «ganan millones de euros» con este mercado negro; y que, para colmo, en muchas ocasiones, cobran por adelantado a los desesperados inmigrantes para dejarles al final sin dinero y sin la ansiada cita.

Cada día, miles de estas personas entran en la página web oficial, del Ministerio de Administraciones Públicas, para conseguir un día y una hora en la que ser atendidos, pero resulta una empresa imposible. El mensaje siempre es el mismo: no hay citas disponibles.

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Las mafias se encargan de bloquear el servidor diariamente utilizando 'bots' (programas informáticos que funcionan de manera indiscriminada y automática) que adquieren en las 'darkwebs' (aunque también pueden comprarse en algunos sitios alojados en Google) y acaparar todas, para luego venderlas al mejor postor, por precios que van desde los 30 a los 200 euros.

Una trampa que hasta cierto punto obliga a los afectados a ceder ante este chantaje, ante el riesgo cierto de quedarse sin trabajo o directamente poder ser expulsados de nuestro país.

La Policía Nacional puso en marcha la pasada primavera una operación con un centenar de detenidos y otros doscientos investigados. Entre ellos, abogados que habían contactado con una organización que se dedicaba a este negocio ilícito y que mediaban previo pago en la venta a los inmigrantes necesitados.

El bufete de Juan Gonzalo Ospina, especializado entre otros asuntos en delitos informáticos, ejerce la defensa de algunos de los colegas arrestados. Explica que no se les puede acusar de partícipes en el delito de vulneración del sistema cibernético del Estado porque «ellos no formaban parte de la trama», desconociendo que el vendedor original había obtenido las citas de esta manera: «La teoría del control de dominio del hecho no existe porque no eran conscientes de que se hubiese atacado el servidor».

Más allá de ese caso concreto que está bajo investigación, distintas fuentes policiales confirman a ABC esto que lleva ocurriendo y de lo que, en parte, «los propios agentes también son víctimas»: «Porque nosotros utilizamos en nuestro día a día ese sistema, aunque no dependa de Interior, sino de Administraciones Públicas».

«Desde la Policía hemos informado miles de veces a ese ministerio de lo que está ocurriendo, pero no hacen caso. Estos grupos han conseguido generar una necesidad de comprar las citas en ese sector de la población; que, también es cierto, si no pagaran, eso se acabaría, porque, por ejemplo, el problema no se da en las renovaciones de pasaportes y DNI españoles, sino en trámites para extranjeros», explica otra fuente que conoce muy bien lo que está pasando. Sin embargo, algunos de estos afectados contestan a esta aseveración que «si se paga es porque no hay otra opción, porque nadie remedia el asunto».

En Madrid se han realizado otras investigaciones al respecto, como la operación Bot, de la Brigada Provincial de Extranjería; pero estas mafias actúan también con las citas para la homologación de los carnés de conducir de inmigrantes. «Hay miles de personas conduciendo por ahí con carnés falsos o sin haberse examinado», alertan fuentes policiales. «Pero la página web de Administraciones Públicas es literalmente un desastre; y lo peor es que lo saben, pero no hacen nada», remachan.

Este periódico ha entrado en múltiples fotos de Telegram y Facebook algunos con 32.000 miembros, en los que el mercadeo no para: «Se sacan citas de juras de nacionalidad, consulados y DGT, sin pagos adelantados»; «Gestionamos citas, información por privado: renovación de asilo (Pradillo, 40), carta de invitación, toma de huellas... ¡Todos los trámites de extranjería!».

Incluso en un chat de Telegram (un sistema más encriptado que WhatsApp), el administrador advierte: «Hay mucha gente sin escrúpulos que se hace pasar por gestores de citas y van engañando a gente pidiendo sumas exageradas de dinero y utilizan los datos con fines maliciosos. Si veis algún anuncio por aquí es porque es de personas que realmente cumplen con lo que dicen, de mi entera confianza». Y, seguidamente, ofrece los nombres y teléfonos directos de esa gente, cada uno especializado en un trámite, incluidas «citas exprés y de urgencia».

El abogado Ospina afirma que «si no hay citas porque hay delincuentes que atacan los servidores de la Policía para bloquear las mismas y luego revenderlas en internet es muy grave». «Se dan casos –añade– en que las venden con factura y CIF a sus clientes finales. Clientes que compran esas citas ante la necesidad de renovar sus papeles. Sin saber que esa venta viene de un delito. ¿Qué está haciendo la administración para paralizar estos ataques ilegales? ¿Se está haciendo lo suficiente?».

Sobre sus patrocinados, defiende la inocencia de sus acciones: «Esos casos no son delictivos, ya que ellos no han atacado el servidor, no han participado directamente ni indirectamente en el ataque, por lo que frente a ellos terminaremos archivando la supuesta investigación. También defendemos a empresas que hacían de intermediarios en estas ventas». Sí cree que el Código Penal castiga a esos hackers.

Esa mafia desarticulada hace meses (pero que sigue en la calle y con el negocio a todo tren) alquilaban los 'bots' y contaban con una red de conseguidores. Ese artilugio informático «detectaba el momento en el que se liberaban citas en las diferentes provincias y se apropiaba de ellas al tener precargados los datos y estar programado las 24 horas al día controlando la liberación de fechas, comprometiendo la operatividad funcional del sistema», informó la Policía Nacional. Los precios iban de 30 a 200 euros, pero hubo casos, los más apremiantes, de hasta los 3.000 euros, aprovechando la angustia de la persona interesada: «Los intermediarios recibieron grandes cantidades de dinero por la venta de citas de extranjería, sobre todo de petición de asilo, cuando son gratuitas».