El juez concluye que no hay indicios contra Podemos después de tres años de caso Neurona

La decisión, notificada este martes, resume que la denuncia inicial señalaba que se trataba de un contrato «simulado», porque los trabajos los realizaba personal de la propia coalición electoral, para desviar fondos a través de esa sociedad mexicana con los que sufragar campañas en otros países y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas «avalaba el contenido» de esas acusaciones.

Sin embargo, tras tres años de diligencias, «quedó constatado que sí se prestaron los servicios objeto de dicho contrato por parte de la sociedad mejicana Neurona Consulting S.A. de CV, constando a tal efecto que diversos trabajadores contratados por dicha mercantil se desplazaron a España durante la campaña electoral», como detalla el auto.

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Isabel Vega

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También, recuerda el instructor, «se aportaron al procedimiento los diversos servicios y trabajos realizados por dichos trabajadores durante dicha campaña electoral» que después fueron analizados por un perito, quien concluyó hace sólo unas semanas que el precio que había pagado Unidas Podemos se ajustaba a los estándares de mercado. Se despejaba así la última sospecha, un sobreprecio para desviar fondos.

«Cabe concluir en base a lo anterior que no consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la LOREG, razón por la cual no cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales ni tampoco del delito electoral», escribe Escalonilla.

Acuerda así el sobreseimiento para el que fue responsable de aquella campaña en Podemos, Juan Manuel del Olmo Ibáñez, el tesorero del partido Daniel Martínez de Frutos, su homólogo en Izquierda Unida Carlos García Ramos y Elías Castejón Hernández, el fiscalista que creó en su despacho la filial en España de la mexicana Neurona Consulting, Neurona Comunidad.

Esta fue la primera línea de investigación en abrirse y pese a tratarse de un delito electoral, que tiene tramitación preferente, ha sido la última en cerrarse. Durante más de dos años el partido Podemos constaba como imputado, aunque el juez hubo de sacar a la formación hace unas semanas al constatar que los delitos que investigaba no son atribuibles a las personas jurídicas.

También estuvo investigado el cofundador del partido Juan Carlos Monedero y también durante más de dos años. En su caso se trataba de la sospecha de falsedad en una factura por unas conferencias y servicios de asesoría prestados en tres países latinoamericanos que la investigación concluyó que no había indicio alguno de ilegalidad en aquellos trabajos, efectivamente desempeñados.

Pero además de esta línea, se abrieron otras que fueron igualmente denostadas progresivamente, como el caso Niñera, por el que se declaró investigada a Irene Montero pese a su aforamiento siendo ministra y se llamó a declarar a una asesora por si estaba prestándole servicios de cuidadora de niños bajo sueldo del partido.

Escalonilla investigó asimismo un presunto desvío de fondos en la denominada caja de solidaridad de Podemos, a la que sus cargos electos han de donar parte del sueldo público, siguió indicios sobre unas costas judiciales que según una denuncia, se había quedado Pablo Iglesias en lugar de revertir en el partido y también una posible usurpación del ordenador de una de las letradas del equipo jurídico de la formación, la misma que había señalado al denunciante por acoso sexual motivando su expulsión del partido.

Nada de esto prosperó, como el propio caso Neurona, que toca a su fin tres años después de iniciarse la investigación con un sobreseimiento provisional, es decir, que cabe reabrir el caso si naciesen más indicios; y con un auto que no es firme. Cabe recurso de apelación.