El perito concluye que los trabajos de Neurona para Podemos cumplieron «los cánones profesionales»

Es la conclusión a la que ha llegado el perito independiente que por encargo del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid asumió la tarea de contrastar los servicios de la consultora con las tarifas facturadas a la coalición porque el juez Juan José Escalonilla, una vez acreditado que efectivamente habían proporcionado materiales de campaña, sospechaba una desviación a golpe de inflar los precios.

A aquella conclusión llegó hace poco más de dos años, cuando señaló en un auto dirigido a Podemos que el delito electoral por el que estaba siendo investigada la formación entonces como persona jurídica «se puede cometer igualmente cuando los fondos electorales son utilizados para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real con la finalidad de distraer parte del numerario existente».

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Costó designar a un perito, pues los que se nombraban no aceptaban el trabajo, no había voluntarios y el que hubo, fue impugnado. Finalmente, en noviembre de 2022 se ofreció y fue designado Aleix Sanmartín, doctor en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Master (MA) en Political Management por la Graduate School of Political Management (GSPM) de la George Washington University (GWU), para hacer la pericial.

Su informe concluye a partir de los materiales que le ha entregado el juzgado y «mas allá de los gustos personales o la opinión de cada particular en relación a los trabajos analizados en la presente prueba pericial», los servicios analizados «cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campañas».

«En relación al precio de los productos y servicios analizados debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso levemente por debajo, de lo establecido por los precios del mercado del sector», señala.

Esta era la última diligencia que quedaba por practicar en el caso Neurona, con el plazo de instrucción ya vencido y la decisión del juez a expensas de lo que dictaminase el perito. Por el camino, se archivó la causa para Podemos como persona jurídica al constatar que no se podía imputar al partido como tal el ilícito electoral por el que estaba siendo señalado desde que el Tribunal de Cuentas apuntó problemas para justificar 363.000 euros del dinero de aquella campaña.

También se dictó sobreseimiento para el cofundador Juan Carlos Monedero, que venía estando bajo la lupa por una presunta facturación falsa que quedó esclarecida. Se sospechaba que era un cobro por hacer de intermediario para que Neurona, que en realidad es una sociedad creada en un despacho fiscalista en un pueblo de Sevilla a partir de la matriz mexicana, Neurona Consulting, hiciera aquellos trabajos de campaña.

El resto de las piezas que se fueron abriendo, como la relativa a una presunta financiación irregular a partir de la caja de solidaridad a la que los altos cargos del partido estaban obligados a donar parte de su remuneración, o la relativa al cuidado de los hijos de Irene Montero que, en teoría, se había encomendado ilegalmente a una empleada del partido, fueron también archivadas. Sólo quedaba el delito electoral, que se supone que es de tramitación preferente, y en espera de una pericial que arrojase luz sobre los gastos. Se encamina así la instrucción al cierre definitivo.

El caso Neurona arrancó a partir de la denuncia que presentó un miembro del equipo jurídico de Podemos que fue despedido tras ser señalado a su vez, por acoso sexual a una compañera del departamento. Señaló todo tipo de irregularidades, desde costas judiciales que no se reintegraban en el partido hasta la usurpación de un ordenador ajeno pasando por la supuesta cuidadora ilegal, el denominado caso Niñera.

De fondo, la alerta de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y un informe que remitió al juzgado apuntando indicios de un delito electoral por esa mencionada falta de justificación de 363.000 euros a la mercantil mexicana. Sin embargo, durante la instrucción no se ha librado ninguna comisión rogatoria a México para recabar información como tampoco se ha llegado a tomar declaración como testigos a los administradores de esas sociedades, destinatarios finalmente del encargo de Unidas Podemos.

Todo este tiempo el que ha estado y sigue a día de hoy imputado es Elías Castejón, administrador de Neurona Comunidad y de otra decena de sociedades desde su despacho fiscalista en Carmona (Sevilla). En un esrito al que tuvo acceso ABC, ha pedido el sobreseimiento libre «visto el informe (pericial) y a la luz de sus conclusiones».