El Gobierno aprueba la comisión que estudiará si se vulneraron derechos humanos en la etapa de Felipe González

Tal y como ya adelantó el ministro Torres durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a finales del mes de marzo y confirmó el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el pasado 8 de abril durante la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, la primera comisión versará sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano. Esta se encargará de elaborar un informe en un plazo de un año sobre las medidas necesarias para aplicar «los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición» al pueblo gitano en España.

En segundo lugar, el Gobierno ha dado luz verde a la comisión para la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Esta analizará las medidas de carácter monetario reconocidas en las normativas estatal y autonómicas para que se pueda determinar la cobertura alcanzada y si existen «déficits subsanables». El estudio abordará la naturaleza de las ayudas, las personas destinatarias, el alcance y vigencia temporal, así como los elementos relevantes necesarios para su finalidad reparadora y el impacto y resultados obtenidos.

Por último, se ha dado luz verde a la comisión que estudiará si existió vulneración de los derechos humanos de personas «por su lucha por la consolidación de la democracia» entre los años 1978 y 1983, periodo que coincide con los primeros años de la Transición y el primer Gobierno de Felipe González. «Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aún después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos», justifica la Ley de Memoria Democrática.

Este asunto responde concretamente a un acuerdo alcanzado por el Gobierno y EH Bildu, mientras se llevaba a cabo la negociación para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, y que permitió que ésta fuera aprobada finalmente en octubre de 2022. Concretamente, los socialistas accedieron a recoger en la norma el reconocimiento de las posibles víctimas de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha que coincide con el primer ejecutivo del histórico socialista y con las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cuestiones que los 'abertzales' han reclamado revisar.

No obstante, aunque el Gobierno aceptó en su día ampliar el plazo recogido en la norma –inicialmente se contemplaba hasta 1982–, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aclara ahora que «entre las eventuales víctimas de tales vulneraciones, en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista, o que realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».

Sin embargo, en la norma, recordar, únicamente se recoge que «el Gobierno designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas», sin mayores especificaciones.

«Hoy, primer Consejo de Ministros tras las elecciones vascas, Sánchez pone bajo sospecha a los Gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Y Bildu le aplaude. La memoria de nuestra democracia no la puede dictar Bildu», ha aseverado la secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, respondiendo a un mensaje publicado por la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en el que celebra la creación de la comisión que «contribuirá al esclarecimiento de las vulneraciones de derechos humanos más allá del franquismo».