Piden cinco años de cárcel por convertir un chalé de Santiago en un infierno de esclavitud sexual: palizas, encierros y prácticas denigrantes

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, y previo a la celebración de un juicio que todavía no tiene fecha, la Fiscalía señala a dos mujeres que se repartían el control de las víctimas, y que se aprovechaban de la vulnerabilidad personal y económica de las chicas. Eran ellas quienes se encargaban de cobrar a los clientes los servicios sexuales de las jóvenes, tanto los que se realizaban en los propios locales como a domicilio.

Una de las acusadas era la regente del negocio, que captaba a los clientes sobre todo a través de páginas de contactos. Tenía la ayuda de otra mujer, también acusada, repartiéndose ambas el control de las víctimas. Pero, además, contaban con la colaboración de un hombre, el tercer investigado, de nacionalidad colombiana, que era quien se encargaba de vigilar a las chicas, manejar la TPV para los cobros, y ejercer de taxista de las víctimas cuando los servicios sexuales se solicitaban fuera del establecimiento.

Estos tres investigados, para quienes la Fiscalía reclama la misma pena, cinco años de cárcel, anotaban en una libreta los servicios sexuales que realizaban las mujeres, siempre bajo su control. En el cuaderno también registraban los gastos de las mujeres, y hay alusiones a 'meriendas', que los investigadores creen que podrían referirse al suministro de drogas.

Entre las mujeres a las que explotaban se encontraba una chica natural de Colombia, pero residente en España, que sufría una situación especial de vulnerabilidad: padece epilepsia y un trastorno de la personalidad, que incluso fue reconocido por los servicios de la Xunta de Galicia como discapacidad. Esta chica no tenía arraigo familiar ni otros apoyos, con lo que su situación era aún más crítica.

Los tres acusados conocían bien las circunstancias personales de esta víctima desde que en el año 2020 la reclutaron para la casa de citas. Sin embargo, lejos de tener consideración alguna hacia ella, se aprovecharon. La dueña del negocio, con la connivencia de la otra acusada, y en ocasiones también en su presencia, escondía la medicación de la víctima, le pegaba y le insultaba para amedrentarla. Ese control le impedía incluso ir al médico, con lo que en una ocasión tuvo que ir una ambulancia para atender las convulsiones que estaba sufriendo.

La alojaron en un espacio «sucio y mal cuidado», según lo describe la Fiscalía en su escrito de acusación. Acordaron con ella que cobraría a los clientes 120 euros por servicios de una hora, y le descontaban de la parte que correspondía a la víctima los gastos en comida y preservativos. Pero es que, además, no cumplían con lo que tenían que pagarle, más o menos la mitad de lo que cobraba por servicio. Le prohibían salir del domicilio sin permiso y, a través del móvil, siempre la tenían controlada en tiempo real. Y, en un momento dado, empezaron a obligarle a hacer prácticas sexuales denigrantes, sin preservativo, y a estar disponible 24 horas para los clientes.

Esta chica fue, seguramente, la que se llevó la peor parte, pero no la única víctima de ese infierno. Con otra de las jóvenes, los acusados acordaron que ellos se quedarían con el 40% de lo que ella cobraba por cada servicio, que oscilaba entre los 50 y los 120 euros. Pero tampoco en este caso los acusados cumplieron con lo prometido, aprovechándose también de su situación económica. Las dos acusadas «llegaron a golpearla para obligarla a realizar prestaciones sexuales a clientes», concluye el fiscal en su calificación.

Por todo este calvario al que sometieron a las víctimas, el fiscal reclama cinco años de prisión para cada acusado, por dos delitos de prostitución. La petición del fiscal añade una multa y prohibirles acercarse a menos de 500 metros de las ellas durante siete años. También pide que indemnicen conjuntamente con 30.000 euros a la primera víctima y con 10.000 a la segunda.