D'Argenio, el jefe camorrista al que no le gustan los fiscales

En febrero de 2023, Francesco D'Argenio, camorrista a la espera de juicio, paseaba tranquilamente por una céntrica calle de Barcelona cuando a la altura de un hotel se fijó en una figura que le era conocida. Tras observar al tipo con más detenimiento, lo tuvo claro: era el fiscal Anticorrupción que había dirigido la operación en la que fue detenido, en julio de 2017 y que amenazaba con ponerle muchos años a la sombra.

D'Argenio, considerado policialmente como un experto blanqueador de dinero de la droga, no es alguien que acepte de buen grado ese tipo de cosas, así que decidió que era buena idea darle un susto. Llamó por teléfono al hotel y pidió que le pasaran con la habitación de José Grinda, uno de esos fiscales que tiene la extraña 'habilidad' de acumular enemigos muy poco recomendables, sobre todo entre destacados miembros del crimen organizado, en este caso italiano, pero también ruso, chino... Acababa de entrar en la estancia cuando sonó el teléfono de la mesilla de noche. Descolgó el auricular y una voz que no conocía le amenazó de muerte.

Cuando colgó, preguntó en recepción si sabían quién era el sujeto que le acababa de llamar o si habían visto a alguien cerca hablando por teléfono. Negativo. El asunto era inquietante, porque aunque el fiscal está 'acostumbrado' a recibir amenazas de todo tipo esta vez quien lo hacía sabía que estaba en Barcelona, y en un hotel y en una habitación concreta. Palabras mayores, por tanto.

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Pasó la noche algo intranquilo. Normal. A primera hora de la mañana presentó la oportuna denuncia en los Mossos d'Esquadra, que de inmediato pusieron en marcha una investigación para identificar al autor de la llamada. No fue sencillo, pero días después ya estaba detenido Francesco D'Argenio, que, acorralado por las pruebas, confesó los hechos. Se justificó diciendo que al reconocer al fiscal que lo había detenido en 2017 se ofuscó y decidió amenazarlo, aunque en ningún caso pensaba realizar acto alguno contra él. Ha sido condenado en una sentencia por conformidad.

Sin embargo, al 'capo' –así se referían a él sus hombres– aún le queda otro mal trago judicial. Este lunes se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto a 16 miembros de su organización y se enfrenta a 22 años de cárcel y casi tres millones de euros de multa.

Su ruina había comenzado a gestarse en 2015, cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y del Área Central de Crimen Organizado de los Mossos d'Esquadra supieron de la existencia de una organización criminal que operaba principalmente en Italia, España, Alemania, Portugal y Letonia, sin que se descartaran otros países de la Unión Europea como asentamientos estratégicos para construir entramados empresariales para blanquear dinero.

Las investigaciones demostraron que la rama española, asentada en Barcelona, estaba liderada por Francesco D'Argenio y que se dedicaba a la compra de droga y su envío a Italia y al posterior lavado de los fondos millonarios que obtenía la red con esta actividad. Este tipo era el encargado de coordinar y dirigir las operaciones de narcotráfico y controlaba asimismo las sociedades y empresas que utilizaba la red para blanquear, según la acusación que ahora lleva la Fiscalía Antidroga.

Las primeras horas de la mañana del 5 de julio de 2017 fue el momento elegido por los responsables de la investigación para explotar la operación. La Guardia Civil era la encargada de la detención de D'Argenio en el piso en el que vivía. Aparentemente todo estaba bajo control, pero en este tipo de actuaciones las sorpresas son habituales.

A las cinco y media de la mañana los agentes de la UCO irrumpieron en el tercer piso, puerta 1, en el que estaban convencidos de que residía el italiano. Sin embargo, al entrar se encontraron con una pareja que nada tenía que ver con el asunto. ¿Qué había sucedido? El capo siempre daba como domicilio ese inmueble del tercer piso, cuando en realidad, vivía debajo, en el segundo. Incluso cuando pedía pizzas daba la dirección de sus vecinos, que estaban más que hartos de esa situación.

Aclarado el enredo, se planteaban dos problemas. El primero, que el sospechoso, al oír el jaleo, había huido al tejado; y el segundo, que la orden de entrada y registro afectaba al tercer piso y no al segundo. Despertar a esas horas a su señoría –en este caso el instructor era Eloy Velasco–, no era prudente, así que el fiscal Grinda, que sí había sido informado de la novedad y que se había presentado en el edificio de inmediato, decidió poner en marcha otra estrategia.

Acompañado de la Guardia Civil, llamó al timbre del piso y poco después abría la puerta una mujer: «Buenos días, señora, soy fiscal Anticorrupción y le informo que estamos en medio de una operación. Por supuesto, no tenemos nada contra usted, pero nos interesaría registrar la casa, siempre que usted esté de acuerdo con ello». «Adelante, no tengo inconveniente ninguno», respondió la mujer, quien tras firmar su consentimiento franqueó el paso a los guardias, que intervinieron una máquina de contar dinero, un ordenador y varios soportes informáticos, entre otro material.

En paralelo, claro, había que solventar el segundo problema, la detención. Varios agentes subieron a la azotea y allí estaba escondido D'Argenio, que ya no opuso resistencia. Fue entonces cuando vio el rostro del fiscal, y por lo que se ve, se le grabó a fuego. El resto de la operación, con una decena de detenciones y varios registros, transcurrió sin incidencias. Los medios, alertados por el amplio dispositivo de Mossos y Guardia Civil, comenzaron pronto a dar detalles de la operación. Aún habría de producirse otra anécdota. El fiscal recibió una llamada de un mando de Mossos en la que preguntaba sobre el episodio del tercer piso. «Que sepa que la casa en la que han entrado es de mi hermano y su mujer», le dijo ya entre risas.

Tras siete años de instrucción, ahora el capo y su gente afrontan un juicio en el que se les piden amplias condenas, y en concreto 22 años para Francesco D'Argenio de cárcel como líder de una organización criminal dedicada al tráfico de hachís, marihuana y cocaína y al blanqueo de los capitales obtenidos del negocio y la falsedad documental a la que habría recurrido para hacerlo.

Porque según el escrito de acusación del fiscal de Antidroga Javier Redondo, al que tuvo acceso ABC, el hombre que se molestaba en amenazar de muerte por teléfono a su compañero de Anticorrupción no era un tipo cualquiera, sino «el líder indiscutible». Su papel era no constar en ningún papel: «Encargado de coordinar y dirigir las operaciones de compraventa de sustancia estupefaciente» y de controlar las sociedades y empresas «sin figurar en los órganos administrativos de las mercantiles, ni como titular de vehículos ni de propiedades de ninguna clase». Invisible.

Tenía un segundo, siempre lo hay, que según Antidroga era Guiseppe Carrano, «mano derecha» con «contrastados vínculos con el tráfico de drogas y delitos de carácter violento en Italia, quien es utilizado como intermediario en las diversas operativas de movimiento de sustancias» y que «manejaba una importante red de contactos». Fue detenido en Italia. Bajo ambos, el resto de la pirámide. En total, se juzga a 17 personas por hechos que se remontan a 2015 con el traslado a Italia de 385 kilos de hachís y el hallazgo de otros 155 en una nave de Martorell.