Reincidentes, en grupo y con alta movilidad: los ladrones tras los robos de cobre en Cataluña

Tras los robos, según la Policía catalana, «redes criminales extensas», con alta rotación y compuestas por grupos de dos a cuatro personas. La rotación «dificulta su imputación por grupo criminal», ha precisado el comisario. Entre los detenidos por hurto o receptación, el 75 por ciento acumula antecedentes policiales previos. Tres de cada diez suman más de una decena de detenciones. «Por tanto, es también un problema de reincidencia», ha constatado Comes, en una rueda de prensa para dar cuenta de las medidas implementadas desde el Cuerpo para tratar de frenar las sustracciones de cobre.

El 'modus operandi' de los cacos es «poco sofisticado». Emplean pértigas de madera para descolgarlo de la catenaria. Tras ello, lo cortan con una radial para reducir el riesgo de electrocución. Una vez sustraído, el cable tiene «difícil trazabilidad», lo que complica las pesquisas de los investigadores. En ocasiones, los 'pelan' para impedir que se identifique el origen de los mismos. «Se puede vender enseguida a gestores de residuos u otras empresas», ha precisado el mando, para explicar que un 10 por ciento de las chatarrerías catalanas, unas 33, de las 326, se niegan a colaborar con la Policía. «No facilitan datos de las personas que les han vendido el cobre o impiden la inspección administrativa en algún caso».

En caso de detectar alguna irregularidad en las empresas de gestión de residuos, los Mossos cursan una denuncia por infracción administrativa. ¿Qué ocurre? «Las sanciones económicas son muy leves en su mayoría. Oscilan entre los 4 y los 600 euros de multa», ha detallado el comisario. Lo que tampoco disuade a quienes compran el cobre robado, dado que el beneficio que obtienen supera a la sanción impuesta.

Conscientes de que es imposible blindar la extensa red ferroviaria catalana para impedir los robos, los Mossos sí aplicarán el un plan en todo el territorio para aumentar las identificaciones y controles policiales. Una presión que hace tres meses ya se intensificó en tres sectores, y por ello, desde el Cuerpo temían que los delincuentes podrían haberse desplazado a otras zonas. Ahora se hará de manera homogénea en toda la comunidad. También se aplicará una política de «tolerancia cero con las chatarrerías. Aplicaremos todas las normas legales a nuestro alcance. No solo sanción administrativa», ha avanzado el comisario.

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Los investigadores solicitarán a la Fiscalía más órdenes de alejamiento de las redes ferroviarias para los reincidentes, y pretenden mejorar la «respuesta en tiempo real» cuando «haya relación directa entre fuego que se produce y el robo de cable». También se incrementará la vigilancia aérea, tanto preventiva como reactiva, con el helicóptero y el dron de ala fija, recientemente incorporado.

«Estamos ante un problema de difícil solución a corto plazo. Hace falta un abordaje integral, más allá del estrictamente policial. Reformas legislativas -la sustracción de cobre se considera hurto, a no ser que se lo lleven del interior de una empresa, que sería robo con fuerza, penados, como mucho con entre uno y dos años de cárcel-; y más herramientas de fiscalización a los gestores de residuos», ha indicado el mando. Sobre el robo durante la jornada electoral, la investigación sigue abierta y desde el Cuerpo todavía no aportan información.