Carlos Hugo Preciado: «¿Que todos los jueces somos fachas e hijos de ricos? Eso no lo comparto»

-¿Cómo valora estos primeros seis meses de andadura del Consejo?

-Bueno, la valoración es positiva, aunque no de una forma absolutamente optimista, porque venimos de un bloqueo de cinco años del que ha derivado en parte la mala imagen de la justicia. En este sentido, el primer punto positivo es que ahora la ciudadanía percibe que funciona. Nos encontramos encima de la mesa con 160 nombramientos pendientes, de los que ya hemos hecho 102. De ellos, el 43 por ciento mujeres. Se está haciendo un esfuerzo importante por desbloquear y por aproximarnos a criterios de igualdad y de paridad, sobre todo en la cúpula judicial, donde había, y sigue habiendo todavía, una notable desproporción. Por otro lado estamos tratando de devolver a la institución a lo que se espera de ella, que es servir a la justicia en este país.

-¿Quién tuvo la culpa del anterior bloqueo, los vocales o los partidos políticos que tenían que renovarlo?

-Creo que fue una responsabilidad bastante compartida. Probablemente desde el ámbito político parlamentario no se cumplió con una obligación, que era renovar. Y por otro lado, desde el punto de vista de las vocalías, quizás se podría haber forzado más y antes esa renovación. Es una lección que tenemos que aprender. Por mi parte, y hablo a título personal, mi compromiso es dejar el Consejo en el momento en el que expire el mandato de cinco años, se haya renovado o no. Todo el que ocupa un cargo institucional se debe al ciudadano, no al cargo.

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-¿Qué opina de la gestión de la presidenta, Isabel Perelló?

-Valoro su actuación positivamente desde muchos puntos de vista, sobre todo por su talante en la gestión de una institución tan complicada. Durante estos meses ha sido enormemente prudente, siempre buscando el consenso entre las distintas sensibilidades que conformamos el Consejo. Yo creo que eso le honra y los resultados están a la vista. En el aspecto de relación institucional, está marcando una dinámica de colaboración leal, de cooperación, pero también de determinación exacta de los límites que exige la separación de poderes, que son muy importantes.

-¿Qué pasa con las presidencias de la Sala Segunda y Tercera del Supremo, que se les están atascando?

-Efectivamente se nos están atascando, pero eso no quiere decir que no se vayan a sacar. La propia presidencia del CGPJ fue nuestro primer atasco, y nos costó mucho, pero finalmente se acertó. Espero, y soy optimista, que esto va a ocurrir también ahora.

-¿Pero qué problema tienen con la elección de los dos presidentes que están ahora en funciones? ¿Por qué cambiar lo que funciona?

-Porque desde el punto de vista progresista se quiere un cambio y de hecho, se está logrando en la institución.

-¿Quieren a Ana Ferrer (en la Sala Penal) y a Pilar Teso (en la Sala Contencioso-Administrativa) por ser progresistas o por ser mujeres?

-Una cosa no está reñida con la otra. Esto es una cuestión de negociación, de ver en qué términos se plantea y cómo se desencalla. Todos vamos a tener que ceder, tanto unas sensibilidades como otras. Se trata de que la institución funcione.

-¿Y no cree que poner el acento en el hecho de que se trate de mujeres puede resultar molesto para las propias candidatas?

-Esa es una objeción que puedo compartir, que a uno le confundan el mérito con el género, y uno no quiere llegar a los sitios por que sea mujer o por que sea una cuota, sino por mérito. Hay mujeres con mérito y apostar por ellas está bien. Por otra parte, la ley de paridad es una obligación legal que tenemos que cumplir. Tenemos que potenciar que las compañeras, que las hay con muchos méritos y muy buenas, se presenten y que esta brecha se vaya diluyendo cada vez más.

-El problema es que estamos hablando de dos plazas clave y parece que hay un interés mayor en estas dos presidencias que en cualquier otra vacante. Qué casualidad que una sea la Sala de los aforados y la otra la que controla los actos del Gobierno...

-Bueno, yo creo que ahí la responsabilidad es nuestra, de los veinte vocales, y la presidenta está intentando aproximarnos para llegar a un acuerdo razonable que sea aceptado por todos. No puedo decir más. Para que las negociaciones funcionen hay mantener cierta discreción.

-¿Comparte usted la reflexión de que los jueces son fachas e hijos de ricos?

-Pues tengo que decirle que no, porque yo ni soy ni facha ni hijo de rico. Soy más bien de izquierdas. Mi madre trabajó en la Tabacalera durante 40 años. He sido ordenanza durante 15 años, me he sacado la carrera de Derecho trabajando y estudiando en la UNED, y cuando accedí al turno libre (por oposición) en 2005, trabajaba como abogado. ¿Que hay un sesgo conservador en la carrera? Sí. ¿Qué somos fachas e hijos de ricos? Eso no lo comparto. Sí le diría que se pueden y deben mejorar aspectos para posibilitar, como dijo la presidenta, que cualquier persona de este país, con independencia de su condición social, de su familia, de los medios que tenga, pueda llegar a ser juez o jueza, si quiere serlo. A partir de ahí, los medios se pueden debatir: un sistema de becas, un sistema de preparación pública, subvenciones a las familias con menos rentas… Ahí están los parlamentarios para decidirlo.

-¿Ve justificadas las críticas de la vicepresidenta del Gobierno al tribunal que absolvió a Dani Alves?

-Bueno, voy a ser exquisitamente respetuoso con los pronunciamientos de cualquier miembro de cualquier otro poder del Estado, y por lo tanto, ante todo, respeto a cualquier crítica, siempre que sea una crítica razonable dentro de una libertad de expresión bien entendida. A partir de ahí, como vocal del Consejo, mi función es defender la independencia judicial. En el comunicado que hicimos en el CGPJ se dice básicamente que se respete tanto la decisión de la audiencia provincial (condena) como la del TSJ (absolución), porque existe un sistema de recursos. Eso, por un lado; por otro, máxima empatía y máximo apoyo a las víctimas, a las personas que llegan al sistema judicial y denuncian. Hay que decirles que el hecho de que un recurso se estime o no se estime, no implica cuestionar su credibilidad. Lo que pasa es que hay unos estándares, que son la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable, que rigen en este país y en todos los que hemos ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 95 por ciento de los países del mundo. La presunción de inocencia es una garantía irrenunciable en temas de género. No creo que la justicia sea machista e insensible.

-¿Y precisamente por eso no le parece que la vicepresidenta Montero traspasó la línea de la crítica al decir que el testimonio de la víctima está por encima de la presunción de inocencia?

-Yo creo que esa afirmación fue en su día rectificada; pero vamos, ya digo que a nosotros no nos corresponde juzgar o criticar a miembros del Gobierno, sino defender la independencia judicial, que es nuestra función. En el caso concreto, además, a las magistradas (tres) y los magistrados (uno) que integraron el tribunal no se les puede acusar de falta de formación porque precisamente son expertos en igualdad. Como vocal del Consejo lo único que me cabe es decir «oiga, critiquen sus sentencias lo que ustedes quieran, porque es su derecho. Pero respeten, porque esta gente tiene información y ha hecho su trabajo bien».

-¿Usted cree que está garantizada la separación de poderes en España en este momento?

-Creo que sí, eso no quiere decir que no haya tensiones entre los poderes, intentos de injerencia y mecanismos para evitarlos. El poder tiene sus propias dinámicas. Como decía Maquiavelo, el poder primero se quiere alcanzar, luego se quiere conservar y después se quiere aumentar. Un sistema democrático de separación de poderes no hace desaparecer la dinámica del poder; sí la controla, la reduce y la somete a unos límites tolerables desde el punto de vista de la convivencia. Nuestra función es mantener unas relaciones de lealtad institucional con todas las instituciones, pero establecer unos límites, que son la no injerencia en las decisiones que corresponden al Poder Judicial, sobre todo proteger que todos y cada uno de los jueces de este país en el momento de dictar sentencia, se equivoquen o no, lo hagan sin ningún tipo de injerencia.

-¿Es usted partidario de limitar la acusación popular?

-El proceso penal tiene que ser un espacio de garantías, de ejercicio de derechos y de búsqueda de la verdad, no un espacio de confrontación política, sindical o mediática. El proceso penal no puede ser un circo.