El Gobierno salva el decreto energético cediendo ante sus socios

El Gobierno ha logrado este jueves convalidar el decreto de medidas de ahorro energético con menos apuros de lo esperado en un primer momento y recuperando a buena parte de sus socios de legislatura, desde el PNV, que ya el miércoles anunció su sí, hasta ERC, que tras dejarse querer se ha sumado al voto a favor, así como Bildu y los cuatro diputados del PDeCAT (separados de sus antiguos compañeros de filas de Junts Per Catalunya) que de nuevo han sido un punto de apoyo para el Ejecutivo, como ya ocurriera con la reforma laboral el pasado mes de febrero. La votación del decreto se ha saldado con 187 votos a favor, 161 en contra y una abstención.

Sin embargo, los grupos no se han privado de plantear sus exigencias sobre el ahorro energético, ya que a juicio de algunos las medidas que entrarán en vigor, fundamentalmente la regulación de la temperatura de calefacción y aire acondicionado o la gratuidad de algunos transportes, se quedan incluso cortas.

Además, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha enfatizado la necesidad de que se tramite como proyecto de ley y se haga de manera efectiva, algo para lo que ha llegado a plantear un compromiso por escrito. Una exigencia que no comparte, sin embargo, el PNV, que ya el miércoles, al anunciar su voto favorable por «responsabilidad» dijo que votarían en contra de la tramitación como proyecto de ley dado que la experiencia demuestra, según los peneuvistas, que finalmente es muy difícil hacer modificaciones cuando un decreto, como el actual, ya ha entrado en vigor.

A la postre, el PSOE ha contentado a sus socios garantizando la tramitación rápida del proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe en octubre. El compromiso de los socialistas es no prolongar los plazos para presentar enmiendas más allá de cuatro semanas, exigencias que han demandado sus socios. Bildu ha conseguido obtener el compromiso por parte del Ejecutivo de revisar al alza, reformular y acelerar los objetivos contenidos en la Ley de Cambio Climático, además de comenzar a planificar con las autonomías estrategias a medio y largo plazo para transformar modelos de producción y consumo más eficientes y con mayor peso de las energías renovables.

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Maria Albert

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Siguiendo con las cesiones del Gobierno hacia sus socios, el PDeCAT ha asegurado que el Ejecutivo se ha comprometido a conceder una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas, una medida reivindicada especialmente por ERC. Se trata de un montante destinado a sufragar las actuaciones que exige el decreto, como la instalación de accesos automatizados en locales comerciales.

En relación con el PNV, la ministra Ribera se ha comprometido a tener en cuenta el borrador del Plan de Contingencia Energética del Gobierno vasco, al que ha calificado de «positivo e interesante». Así lo ha confirmado el portavoz de su Ejecutivo, Bingen Zupiria, en una entrevista en la Cadena SER. Zupiria ha asegurado que, de esta forma, «se abre una vía de diálogo» para la colaboración con el Gobierno central a la hora de afrontar «una situación desconocida, llena de incertidumbres», en alusión al complicado otoño que se avecina.

La primera sorpresa de la jornada ha llegado al iniciarse el debate parlamentario sobre el decreto. A pesar de que la gran valedora del texto ha sido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la encargada de defenderlo en el Hemiciclo ha sido la titular de Transportes, Raquel Sánchez. Ribera ha subido a la tribuna en defensa del tercer decreto que se debatía en el pleno, relacionado con los incendios forestales. Las medidas que más polémica generaron fueron la limitación de temperatura del aire acondicionado y el apagado de los escaparates, ambas incluidas en la jurisdicción del ministerio de Ribera.

La ministra Sánchez ha argumentado de manera férrea en favor de la necesidad de aplicar las medidas que entraron en vigor con la publicación del decreto energético. «Solo así podremos resistir las coacciones con las que Rusia, el señor Putin, amenaza a toda Europa», ha señalado Sánchez. Asimismo, ha presumido del esfuerzo que el Gobierno de España ha llevado a cabo para paliar los efectos de la inflación: «Hemos destinado una cantidad cercana a los 30 mil millones de euros para atenuar su impacto en familias y empresas, un 1,3% del PIB, la movilización mas importante de recursos de los principales países de la Unión Europea». No ha faltado el ataque a la oposición, que sin sorpresas han votado 'no', tanto PP como Vox y Ciudadanos. La ministra les ha acusado de tener «actitudes obstruccionistas y desleales».

Santiago Abascal, líder de Vox, ha anunciado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir la anulación del decreto, al entender que «el respeto a las libertades es vulnerado». Abascal ha criticado el «racionamiento del consumo energético» que supuso la entrada en vigor del texto. Además, ha presumido de que desde su partido consiguieron que el TC considerara inconstitucionales los dos estados de alarma aplicados por el Gobierno en plena pandemia de Covid, junto con el cierre del Congreso, estableciendo así un precedente, según Vox, de la utilidad y el éxito de sus recursos contra los proyectos del Ejecutivo, al que ha concluido acusando de «responsabilizar a los ciudadanos de los problemas que ellos crean».

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha dicho que Teresa Ribera trata de «huir» ante el decreto, al no haberlo defendido en la tribuna. Gamarra, siguiendo la línea del PP de oposición frontal a las medidas energéticas, ha evaluado la situación económica que atraviesa España, criticando que el país se encuentra a la cola de Europa en materias como la subida de precios o la destrucción de empleo. En un tono más conciliador con el Ejecutivo, la portavoz popular se ha mostrado partidaria de llevar a cabo medidas para ahorrar energía, pero dejando claro que para ello es imprescindible el diálogo. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de hacer «chantaje», al mezclar en el mismo decreto medidas de ahorro energéticos con otras sociales. Esta crítica de Gamarra es de consenso casi absoluto, por parte de grupos parlamentarios de toda índole política, desde Ciudadanos hasta la CUP, entre otros.