Dos funcionarios condenados por alterar multas a exjugadores del Osasuna
Según la sentencia, algunos esponsables de área en la Jefatura de Tráfico, alteraron sanciones impuestas a 21 personas, llegando a manipular expedientes de otras jefaturas provinciales
Dos funcionarios de la Jefatura de Tráfico de Navarra han sido condenados a dos años de prisión por manipular y alterar expedientes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, para evitar que pagaran multas de tráfico conocidos exfutbolistas de Osasuna o empresarios.
La condena tiene fecha de 30 de octubre y ha sido acordada entre las partes, por lo que es firme, aunque los funcionarios, Mª Teresa Logroño Ezcaray y Javier Jesús Casado Santesteban, no ingresarán en prisión al no tener antecedentes.
Según la sentencia, los funcionarios, responsables de área en la Jefatura de Tráfico, alteraron sanciones impuestas a 21 personas , llegando a manipular expedientes de otras jefaturas provinciales.
Exjugadores de Osasuna como Javier Camuñas, Walter Pandiani, Ludovic Delporte, Roversio Rodrigues y el gerente del club, Angel Vizcay, y empresarios como Manuel Entrecanales (Acciona) estarían entre las personas beneficiadas.
Los condenados, que fueron detenidos en marzo de 2011 y se encontraban en libertad provisional, fueron acusados de los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y daños informáticos.
Impedían la normal tramitación
Los funcionarios alteraban desde sus respectivos puestos de trabajo el cobro de multas a los conductores , impidiendo su normal tramitación, con lo que en muchos casos impedían el abono de las mismas o se archivaban.
Una de las vías que con más frecuencia utilizaron los imputados consistía en anotar en los expedientes sancionadores el trámite de que los conductores denunciados habían presentado alegaciones o recursos contra su sanción, a pesar de que nunca se habían presentado. Para disimular el ilícito proceder, según recoge la sentencia, los condenados llegaban a mostrar el sello de la supuesta recepción de las alegaciones en una oficina de la Administración. Además, la búsqueda infructuosa del escrito ralentizaba la tramitación del expediente o la paralizaba, no enviándose a la vía ejecutiva para el cobro.
En el acuerdo de condena, ambos funcionarios, que han abonado sendas indemnizaciones de 12.000 euros a la Dirección General de Tráfico (DGT), han sido multados a 1.500 euros cada uno e inhabilitados para ejercer cargo público vinculados a esta área de la administración.
En otras ocasiones, los acusados «cambiaban el destino» del expediente administrativo , para lo que borraban los números de los DNIs o alteraban nombre y/o apellidos, las matrículas de los automóviles o la dirección de los conductores implicados, imposibilitando la comunicación de la Administración por correo postal.
Otra de las tretas consistía en hacer constar bajas ficticias en el Registro Central de Infractores, y devolvieron indebidamente puntos del permiso de conducir a algunos conductores infractores, entre otras acciones.
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