«Txapote», a juicio por ordenar una matanza de mujeres y niños

El excabecilla de ETA Javier García Gaztelu, alias «Txapote», se enfrenta hoy a otros 31 años de cárcel, que se le acumularán a sus ya centenarias condenas cosechadas en los últimos años. En esta ocasión, por pretender una matanza de mujeres e hijos de guardias civiles al ordenar un atentado con coche bomba contra la casa cuartel de Agreda (Soria), en julio de 2000.

Por esta acción criminal ya fueron condenados a 23 años de prisión los etarras Asier Arzalluz, «Santi», y Aitor Aguirrebarrena, «Peio», pistoleros del «comando Totto», quienes colocaron el artefacto explosivo que causó lesiones a una mujer y numerosos daños materiales. El fiscal considera a «Txapote» -condenado entre otros delitos, por ser autor material de los asesinatos del presidente del PP en Guipúzcoa Gregorio Ordóñez, del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, y del dirigente socialista Fernando Múgica-, responsable de los delitos de estragos y lesiones terroristas, por los que le pide 19 y 12 años de cárcel, respectivamente.

Los hechos que se juzgan hoy se remontan al 18 de abril de 2000, cuando una furgoneta con matrícula francesa hizo explosión a las 14.40 horas junto a la casa cuartel, lo que causó un cráter de un metro y medio de ancho, dos metros de largo y medio metro de profundidad. La furgoneta contenía 15 kilos de explosivo tipo tytadine y la detonación causó lesiones a una mujer en la pierna a causa de las que estuvo hospitalizada 21 días y no pudo trabajar 394 días. Unas lesiones por las que el fiscal pide que «Txapote» le pague una indemnización de 30.000 euros.

El representante del Ministerio Público considera que «Txapote» facilitó en Francia la furgoneta cargada con los explosivos a los miembros del «comando Totto», además de «indicarles todos los datos necesarios para poder cometer el atentado, tales como ubicación del cuartel y otros de similar interés». Con estos datos, prosigue el fiscal, los ya condenados por perpetrar el atentado comprobaron y estudiaron la forma de cometerlo sin perjuicio para ellos. Además de la pena carcelaria y la indemnización para la víctima, el fiscal reclama que se le prohíba acercarse a ella durante cinco años y que pague a los perjudicados por los daños materiales, tanto en la casa cuartel como en numerosas viviendas y en el puesto de la Cruz Roja.