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ante el 20-N

Los obispos: «No se puede reconocer a una organización terrorista como representante político»

La Conferencia Episcopal ofrece en una nota «a los católicos» consideraciones que «ayuden al ejercicio responsable del voto»

Los obispos: «No se puede reconocer a una organización terrorista como representante político» EFE

laura daniele

«Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, dado que el terrorismo es una práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión justa y razonable de la vida». La frase no es, como se podría pensar, una respuesta de los obispos al anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de la banda terrorista ETA , sino una de las diez recomendaciones que los prelados ofrecen a los electores católicos de cara a las próximas elecciones generales del 20-N.

La nota fue aprobada ayer durante la reunión de la Comisión Permanente en la Conferencia Episcopal antes de conocerse el comunicado de ETA. Según explicó esta mañana, el portavoz de la CEE, monseñor Juan Antonio Martínez Camino , el anuncio de ETA llegó cuando «la reunión estaba terminando y quedaban pocos obispos en la sala, por lo que no había quórum suficiente para votar una declaración oficial al respecto, pero tampoco se hubiera hecho». El secretario general indicó que esta decisión se fundamenta en que la Conferencia Episcopal «nunca ha hecho una valoración moral ni política de ningún texto de ETA y tampoco lo va hacer ahora».

El portavoz también quiso dejar claro que cuando ETA anunció la tregua permanente en marzo de 2006 se celebraba en ese momento una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal y fue él quien comentó el texto pero «nunca hubo una exégesis por parte de los obispos que pertenecen a la Comisión Permanente».

Tras estas aclaraciones, monseñor Martínez Camino indicó que ayer una vez conocido el contenido del anuncio de la banda terrorista los obispos consideraron que la noticia no afectaba a la publicación de su nota que ya estaba escrita y en la que se pide a los católicos y ciudadanos de buena voluntar tener en cuenta una serie principios morales antes de cumplir con el deber de votar.

«Con las víctimas y con sus familiares»

Ante la insistencia de los periodistas, el portavoz remitió la postura de la CEE con respecto a la banda terrorista a una Instrucción Pastoral de 2006, «Orientaciones Morales ante la situación actual de España» en la que los obispos dicen, entre otras muchas cuestiones, que están «con las víctimas, sus familiares y todas las personas que han sufrido el golpe del terrorismo». En ese documento también expresan su «deseo ferviente» de que llegue el fin de la acción terrorista y recuerdan que las relaciones de la sociedad con ETA “debe guiarse siempre por los principios morales que rigen la actividad política y que son inalterables”.

Monseñor Martínez Camino no quiso entrar en detalles y aseguró que en la nota sobre las orientaciones morales de cara al 20-N es «muy general» cuando se refiere al terrorismo y no se mete en «cuestiones técnicas» de cómo debe ser el proceso de integración a la sociedad de los ex terroristas que cumplen su pena y se reinsertan. «Esto es otra cosa», indicó el prelado, quien recordó que lo que dice el texto es que «ningún terrorista puede ser reconocido como representante político de nadie».

La nota aprobada por la Comisión Permanente para las próximas elecciones generales «ofrecen a los católicos» algunas consideraciones que «ayuden al ejercicio responsable del voto». Además de la cuestión del terrorismo, la lista de diez puntos incluye el aborto, la reforma del código civil por la que se permite el matrimonio homosexual, la educación, la crisis económica y los nacionalismos.

Los obispos recuerdan que con estas orientaciones, de cara a las elecciones generales, la Iglesia «no pretende imponerse al Estado, ni entrar en opciones de partido, ni apoyar ningún programa político». «Cada uno deberá sopesar a quién debe votar para obtener el mayor bien posible», aseguran, al tiempo que recuerdan que «no es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos».

Por todo ello, llaman la atención sobre «el peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural». También califican de «nocivo» para el bien común ordenamientos legales que «no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos».

Frente al mapa legislativo actual, los obispos consideran «necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como “esposo” y “esposa”, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes».

Justa distribución de las rentas

La libertad de enseñanza, el respeto al derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones y a que el Estado no imponga ninguna ideología es otra de las consideraciones que piden tener en cuenta los prelados ante el 20-N. La grave crisis económica actual reclama también para la los obispos «políticas sociales y económicas responsables que propicien el trabajo para todos», así como «una justa distribución de las rentas; que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas; que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes».

Por último recuerdan que «se reconoce la legitimidad moral de los nacionalismos o regionalismos que, por métodos pacíficos, desean una nueva configuración de la unidad del estado español». También señalan que es «necesario tutelar el bien común de la nación española en su conjunto, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo».

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