El Supremo no ve prevaricación en el «enchufazo» de Griñán

El Tribunal Supremo asestó ayer un varapalo al Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, que el pasado mes de diciembre se querelló por prevaricación contra el presidente del Gobierno regional, el socialista José Antonio Griñán, y contra todos los consejeros del Ejecutivo autónomo, al haber aprobado el decreto por el que pretendía «enchufar» a 20.000 empleados públicos y perpetuar su posición de privilegio en esa administración. En aquellas fechas, el decreto, llamado de «reordenación del sector público», encendió los ánimos del sector público andaluz con numerosas manifestaciones y quejas contra una decisión que tildaron de arbitraria, partidista, contraria a los intereses de los funcionarios públicos de oposición e ilegal.

Sin embargo, la Sala Penal del alto Tribunal sostiene en su auto por el que rechaza la querella contra Griñán que la norma cuestionada por los funcionarios fue aprobada por el Parlamento andaluz —no sólo por el Ejecutivo regional—, y «desde ese momento pasa a ser un acto legislativo, no administrativo». Por tanto, una hipotética prevaricación, «o cualquier otro ilícito penal», desaparecen.

El Supremo, de acuerdo con el dictamen de la Fiscalía, entiende que la querella «no puede prosperar porque el acuerdo del consejo de Gobierno de la Junta fue adoptado por el Parlamento andaluz, ya sea en Comisión Permanente o en el Pleno, y desde ese momento pasa a ser un acto del legislativo, no administrativo». En opinión del Supremo, el Parlamento andaluz se limita a «refrendar lo que hasta ese momento era un mero proyecto sin sustantividad ni eficacia».

Según los denunciantes, la rordenación del sector público, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 28 de julio de 2010, pretendía «colar por la puerta de atrás» a todo el personal no funcionario, que sin oposición, concurso o competencia prestaba sus servicios en diferentes entidades de la Junta.